La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva contra el director de un centro de rehabilitación del sector de Las Ciénegas del norte de Santiago denunciado de violación sexual, torturas y otros tipos de abusos, apresado en vísperas de Navidad.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó este jueves sobre la medida de coerción impuesta por la jueza Wendy Tavárez, que declaró de tramitación compleja el proceso abierto contra Lorenzo Silverio Almonte o Julián, conocido como el Pastor, quien enfrenta cargos por actos de tortura, abuso sexual y maltratos físicos y psicológicos a menores de edad.

La Fiscalía presentó el pliego de supuestas pruebas documentales y materiales contra el acusado, así como los informes de evaluaciones físicas y psicológicas practicadas a cinco de las víctimas de entre 13 y 17 años de edad que denunciaron el caso.

La PGR dijo en un comunicado de prensa que la contundencia de las pruebas, entre ellas el testimonio de las víctimas, llevaron al tribunal a autorizar medidas para evitar la exposición de los afectados en etapas posteriores del proceso.

El tribunal también admitió la solicitud de declarar el proceso de tramitación compleja, por la pluralidad de víctimas y de los delitos imputados al detenido.

En diligencias encabezadas por la Fiscalía, a través de su Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, las autoridades allanaron el establecimiento, identificado como Nueva Vida para la Juventud, un centro privado de rehabilitación ante alcoholismo y problemas de conducta de menores de edad ingresados.

En el interior del centro, las autoridades observaron que los menores de edad estaban "hacinados y en condiciones deplorables e inhumanas", por lo que los remitieron al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Además de los abusos físicos y psicológicos, los internados fueron obligados a ingerir sustancias psicóticas y medicamentos sin prescripción médica, apunta la nota.

La Fiscalía presentó cargos provisionales contra el imputado por violación de diversos artículos del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescente; de la Ley General de Salud, de la Ley sobre Lavado de Activos y Enriquecimiento Ilícito y del Código Penal Dominicano.

En las diligencias de la investigación y asistencia a las víctimas participaron también la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Policía Nacional, agrega la información.