La política sobre drogas en la República Dominicana ha sido desde el inicio apenas una inamovible
expresión del modelo de "Guerra contra las drogas", impulsado por los EEUU, y por esa razón el patrón imperante, basado en una anacrónica Ley 50 -88, sea el de la persecución indistinta de vendedores y usuarios, afirmó el sicólogo Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, director Ejecutivo Asociación Casa Abierta.

Indicó que las estrategias de prevención y tratamiento son marginales y cargadas sobre los hombros de organizaciones sociales de buena voluntad, pero con muy escasos recursos de todo tipo.

El también  psicólogo, puso como referencia a los  Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde se toman medidas que se apartan de esta mal llamada guerra.

El presidente de los EE.UU. Joe Biden, acaba de anunciar que conmutará las penas a personas condenadas por posesión de marihuana, lo mismo hizo el presidente Barack Obama en 2016. Argumenta el presidente Biden que “enviar a la cárcel a gente simplemente por poseer marihuana ha afectado a demasiadas vidas y ha supuesto que haya personas encarceladas por una conducta que es legal en muchos estados”.

Recoerdó que el presidente de los EEUU dijo que “a pesar de que los blancos y los afroamericanos consumen marihuana a un ritmo similar, los afroamericanos han sido arrestados, procesados y condenados de manera desproporcionada".

El director Ejecutivo Asociación Casa Abierta refirió que en República Dominicana  de forma desmedida muchos jóvenes han sido apresados y procesados por simple posesión, a pesar de que incluso la trasnochada ley 50 -88 reconoce su inocencia.

Recordó que el presidente Luis Abinader prometió en su plan de gobierno que promovería un amplio diálogo nacional “para fijar posición sobre la actual política de fiscalización internacional y enfoques
alternativos”.

Finalizó con un llamado, para que se aplique en el país este gesto humano y de justicia, del indulte y entregue a sus familias a las personas procesadas por simple posesión, en su mayoría jóvenes de comunidades pobres, cuyo único delito es ser usuarios de sustancias.

"Con esta decisión, que venimos plantean do desde 2016, además de hacer justicia para estas personas, lo hace usted con el pensamiento liberal democrático que usted ha demostrado tener", precisó.