En Venezuela, las autoridades han expulsado del país a los representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de que esta oficina reclamara un caso de presunta desaparición forzada por parte del Estado venezolano.
Los convenios de cooperación entre el Gobierno de Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ahora están en vilo luego de que la administración de Nicolás Maduro ordenó que se suspendieran las actividades en el país de sus 13 representantes y que salgan del territorio en las siguientes 72 horas.
"Impropio papel"
Según el canciller Yván Gil, la Oficina se ha desviado de su mandato pues su trabajo debería enfocarse en "combatir los efectos" de las sanciones internacionales y denunciar las supuestas conspiraciones contra las autoridades venezolanas.
"Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país", expresó Gil.
El canciller de Nicolás Maduro también criticó que la instancia ha estado "muy activa cuestionando el accionar del Estado", lo cual es intolerable.
Desaparición forzada
La decisión del Gobierno ocurre horas después de que la Oficina solicitó que se respeten "las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa", de la activista y abogada Rocío San Miguel y sus familiares, detenidos y acusados de conspiración el pasado viernes. Daban cuenta de que finalmente el Estado venezolano había informado de su paradero públicamente el miércoles.
Este martes, la instancia había denunciado que la detención de San Miguel podría calificar como una desaparición forzada, por lo que instaban "a su liberación inmediata", luego de desconocerse su paradero durante más de 72 horas.
Rocío San Miguel fue detenida la mañana del viernes y presentada a tribunales el lunes en la noche, sin defensa privada y sin haberse comunicado con su equipo legal. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha dicho que se han cunmplido todos los lapsos y exigencias legales.
El acuerdo entre la Oficina de la ONU y Nicolás Maduro se firmó en 2019 entre con la entonces alta comisionada Michelle Bachelet, y fue renovado el pasado 27 de enero durante una visita del actual comisionado, Volker Turk.