Casi mes y medio después de intentar imponer la ley marcial, los fiscales surcoreanos han decidido acusar al Presidente Yoon Suk-yeol como principal responsable de lo que se considera una rebelión contra el Estado. Será juzgado por este delito paralelamente a su juicio de destitución en el Tribunal Constitucional.
Con Célio Fioretti, corresponsal de RFI en Seúl
La detención de un Presidente por insurrección es una primicia en Corea del Sur. Tras haber sido detenido temporalmente el 15 de enero para una investigación en profundidad sobre su papel en el desencadenamiento de la ley marcial, los fiscales dictaminaron que las pruebas reunidas eran suficientes para acusarlo.
Esta decisión se produce dos días antes de que finalice su periodo de detención preventiva, que los jueces no han querido prorrogar. Los fiscales explicaron su decisión por su temor a que el Presidente destruyera pruebas si era puesto en libertad. Aunque Yoon Suk-yeol se negó a responder a los diversos interrogatorios, los fiscales iniciaron el proceso.
El presidente Yoon Suk-yeol, que ya ha sido suspendido de su cargo, será juzgado por insurrección además de por su juicio de destitución, que debe concluir el 4 de febrero en el Tribunal Constitucional. En Corea del Sur, el delito de insurrección contra el Estado se castiga con la pena de muerte, pero hay pocas probabilidades de que se aplique esta pena. La última ejecución se llevó a cabo en 1997.