En 2017, la justicia colombiana obligó a la mina Cerro Matoso S.A. a limitar los efectos nocivos en las comunidades aledañas. Pero a solo 10 kilómetros del gigante minero del níquel, el palenque San José de Uré, mosaico de etnias y culturas, sufre la ruina ambiental, de salubridad y social. Aquí va la primera parte del quinto episodio de nuestra investigación especial.

RFI se asocia al consorcio internacional de investigación Forbidden Stories (Historias Prohibidas) para continuar la labor del periodista colombiano Rafael Moreno truncada con su asesinato, el 16 de octubre de 2022, en circunstancias aún no elucidadas. Entre sus denuncias, Moreno había sacado a la luz las oscuras prácticas de las grandes empresas mineras que operan en el sur del departamento de Córdoba: entre ellas, Cerro Matoso S.A., una de las minas de níquel a cielo abierto más grandes del mundo.

Reportaje de Angélica Pérez y Aabla Jounaïdi

El hombre apunta con el índice las viviendas levantadas a la orilla del río. “Ven que se están hundiendo? Es porque se está descompensando”, lamenta. El hombre es Yair Pérez, fiscal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del municipio de San José de Uré. Y el río es la Quebrada de Uré. Uré era el nombre de un cacique indígena y quiere decir aguas bravas, como las de la Quebrada de Uré que desembocan en el río San Jorge. Son las principales fuentes hídricas de los 14 mil habitantes de todo el municipio. Pero sus aguas están contaminadas porque arrastran los sedimentos de la mina Cerro Matoso S.A.

 

 

“Hemos exigido a la empresa que realice la descontaminación de los ecosistemas, especialmente de la Quebrada de Uré, porque varias especies de peces y de la flora y fauna han ido despareciendo desde que la mina empezó su actividad en 1982”, cuenta. Y agrega: “La empresa propone la creación de unas barreras vivas en el río. Pero dice que sólo nos ayudará a hacer el estudio y que nosotros debemos poner la plata para la reforestación. Eso es injusto”.

En 2016, un informe del Ombudsman atribuyó la contaminación de las fuentes hídricas de esta región al Proyecto Cerro Matoso S.A. del que emanan “nubes de polvo y escoria que, por efectos de la volatilización, se está yendo a las comunidades”.

Los reportes de expertos sirvieron de fundamento a la histórica sentencia de la Corte Constitucional de 2017 que ordenó llevar a cabo una Consulta previa con estas comunidades para definir medidas de descontaminación de suelos, aire y aguas en el territorio impactado.

“Eso no quedó claro en la consulta previa. La verdad es que nunca habíamos sido consultados y no sabíamos cómo hacer”, explica el hombre. Pérez reconoce la inexperiencia de la comunidad en este tipo de procesos que, en 2014, su Consejo Comunitario de comunidades negras y nueve cabildos del Resguardo indígena zenú del Alto San Jorge solicitaron a la justicia mediante una acción de tutela contra Cerro Matoso S.A.

Algunos nos cuentan que en las noches duermen bajo una nube rosada. Meses antes de su asesinato, Rafael Moreno había captado con su lente una humareda color rosa escapando de una de las chimeneas de la mina y extendiéndose a gran distancia. Ante la acusación de la empresa de que se trataba de una foto antigua publicada con fecha actual, el periodista volvió a tomar imágenes a varios kilómetros de Cerro Matoso S.A.: el resultado fue el mismo.

Interrogado por los colegas del consorcio sobre el tema, el jefe de operaciones de la mina Pedro Oviedo, aseguró que, si alguna vez se presentó un fallo en el sistema de control de polución y escaparon partículas de polvo finas de níquel y hierro y otras sustancias, “no duró más de 15 segundos. Pero en los casos que haya sucedido nosotros nunca estamos por encima de la normatividad colombiana”, precisó.

“En Colombia no existe una regulación a los valores límite de las emisiones de níquel”, afirmó en 2017 la Corte Constitucional. Por eso mismo fustigó a las autoridades nacionales y regionales que hubieran certificado que la mina no afecta la calidad del aire y que cumple con los estándares de la normatividad ambiental. Y a la Autoridad Ambiental el haber dado su aval con base en datos reportados por la misma empresa, sin confrontarlos con mediciones propias.

Sobre este tema, el equipo técnico de la Agencia Nacional de Minas (ANM) nos dijo que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible da cuenta de estar trabajando en una nueva reglamentación sobre la concentración de níquel en emisiones atmosféricas. Pero que las concentraciones de hierro no se pueden medir debido a que no se cuenta con un parámetro internacional para hacerlo.

La empresa minera defiende su modelo “participativo y transparente” de monitoreo del aire, “más de 80 veedores ambientales que participan en recolección de muestras y comparten los resultados con sus comunidades”.

“Hoy en día, Cerro Matoso hace el monitoreo del aire con una empresa que la misma mina contrata. Y nosotros ejercemos una veeduría que se limita a mirar si el filtro que usa el técnico está limpio. Y aunque la Consulta previa faculta a la comunidad para hacer el monitoreo con una empresa de su elección, Cerro Matoso no lo permite” contesta el líder de las negritudes de San José de Uré, Yair Pérez.