El miércoles 13 de noviembre, los diputados turcos empezaron a examinar un proyecto de ley sobre espionaje que está causando gran inquietud entre activistas de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil. Bautizada como “Ley de Agentes de Influencia”, recuerda a legislaciones similares adoptadas en Rusia, Georgia, Hungría y otros países para atacar a las voces críticas.
Con nuestra corresponsal en Ankara, Anne Andlauer
Hasta siete años de cárcel: esta es la pena para los acusados por la justicia turca de actuar en nombre de intereses extranjeros.
En la propuesta de ley, el espionaje se redefine para incluir a quienes “cometan un delito contra la seguridad del Estado o sus intereses políticos internos o externos de acuerdo con los intereses estratégicos o las instrucciones de un Estado extranjero o una organización extranjera”.
Temor de quienes critican a las autoridades
Periodistas, universitarios, defensores de los derechos humanos… Todos los que critican al gobierno temen ser blanco de esta ley tan imprecisa, incluidas ONG internacionales como Human Rights Watch.
“Esta ley da un margen enorme para procesar a cualquiera, sin especificar cuál es el delito en cuestión”, advierte Emma Sinclair-Webb, directora de Human Rights Watch en Turquía. “Las autoridades parecen querer dotarse de poderes aún mayores para atacar a las ONG, los individuos y los artículos que les critican y que consideran que actúan contra sus intereses. Y encuentran la forma de hacerlo difamando a los grupos críticos y a los periodistas, que se ven tachados de espías”.
El presidente Erdogan dispone de mayoría suficiente en el Parlamento para aprobar el texto en su versión actual.