El uso de la stevia por la empresa Coca Cola es uno de los casos emblemáticos de lo que se denomina "biopiratería" y de lo que se está negociando en Suiza. Delegados de 193 países buscan reformar el derecho de la propiedad intelectual y exigir más transparencia a las empresas que patentan el material genético de plantas utilizadas por comunidades indígenas. Países como Estados Unidos, sin embargo son reticentes a limitar el derecho a patentar los recursos genéticos.

Delegados del mundo entero se han sentado a negociar en Ginebra, Suiza, para limitar la biopiratería, una práctica habitual de la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria de las potencias industriales que consiste en patentar el material genético de plantas medicinales o micro-organismos sin informar ni compensar económicamente a las comunidades indígenas que poseían dicho conocimiento desde tiempos remotos. Es una forma de colonialismo que denuncian los países del Sur global, con una biodiversidad particularmente rica.

A pesar de la ratificación de la Convención de Río de 1992 sobre Diversidad Biológica y su implementación en el Protocolo de Nagoya en 2010 que prevé un reparto justo de los beneficios que proceden de los recursos genéticos, las comunidades locales y los países del sur global no han recibido los frutos de los usos comerciales derivados de estos recursos, constata la economista francesa Catherine Aubertin.

“La biopiratería se puede definir como el acceso o el uso no autorizado por una parte y no compensado por otro, de los recursos genéticos que son el ADN o el ARN. Son los recursos biológicos o los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, y este uso se hace incumpliendo las normas del Convenio sobre Diversidad Biológica de Río que reconoció la soberanía sobre los recursos genéticos (1992)”, recuerda Martha Isabel Gómez Lee, profesora de la Universidad del externado de Colombia y especialista en propiedad intelectual.

Casos de biopiratería

Sin embargo, dicho convenio no ha sido plasmado en el derecho de la propiedad intelectual.  Actualmente, “se pueden obtener patentes sin cumplir con los requisitos con el Convenio sobre diversidad biológica de Río de Janeiro de 1992”, subraya Marta Isabel Gómez Lee, profesora de la Universidad del externado de Colombia y especialista en propiedad intelectual.

La académica estima que no solo se debería negociar la obligación de indicar “el origen del país y de las comunidades indígenas que tienen esos conocimientos tradicionales”, “sino que también que habría que demostrar el consentimiento previo del país de origen y de las comunidades. Además, se tiene que demostrar que ha habido una distribución justa y equitativa de los beneficios”.

La stevia, planta edulcorante, conocida por los guaraníes, se ha convertido en un ingrediente central de algunos productos de la empresa Coca Cola, que, sin embargo, no ha indemnizado a la comunidad indígena por haber utilizado esta planta. Otro caso emblemático de biopiratería es el de la maca peruana. “En los años 2000, la empresa Pure World Botanical de Estados Unidos patentó algunos derivados de la maca peruana, una planta que es como una viagra natural. Además de eso, tiene componentes importantes antiinflamatorios, una serie de usos que desde hace muchos años tienen los pueblos indígenas en el Perú”, recuerda Martha Gómez Lee.

Lo que se negocia en Ginebra

Para limitar este acaparamiento comercial, el proyecto de acuerdo negociado en Ginebra plantea que quienes presenten solicitudes de patentes de material genético deban divulgar el país de origen y el pueblo autóctono que les proporciono los conocimientos tradicionales asociados al invento. “Es insuficiente”, estima Martha Gómez Lee. “A mi modo de ver, la negociación ha dejado por fuera elementos muy importantes que beneficiaban a los países del sur. Faltan los requisitos del consentimiento previo y la distribución de beneficios”.

Kenia, país que habla en nombre de los países africanos en las negociaciones de Ginebra, pide también que el tratado incluya mas obligaciones para las transnacionales y los investigadores del Norte Global que hagan un uso comercial de los recursos genéticos. “Tenemos claro como nuestras comunidades con frecuencia han sido marginadas y excluidas de los beneficios derivados de la comercialización y el uso de sus conocimientos y recursos”, afirmó Kenia.

Las negociaciones sobre la biopiratería se han ido alargando desde 1999, cuando Colombia, país particularmente biodiverso, solicitó abrir negociaciones para poner fin al saqueo genético de plantas por parte de empresas transnacionales, pero varias potencias oponen resistencia.

“En la Organización Mundial del Comercio, Estados Unidos se ha pronunciado en contra de incluir un nuevo requisito para las patentes porque considera que eso frenaría el progreso y la innovación. Proponen que haya contratos particulares con las comunidades indígenas”, observa Martha Gómez Lee.

Por otra parte, la mayoría de los recursos genéticos están digitalizados en bancos de datos de Estados Unidos, Europa y Japón, fuentes principales de información de las empresas biotecnológicas. Si las negociaciones permiten a las empresas indicar la fuente la información genética, pues ya no tendrán que mencionar el país de origen. Lo veo muy grave”, teme la investigadora colombiana.

De momento no hay garantía de que se llegue a un acuerdo antes del 24 de mayo, plazo fijado para que culminen las negociaciones. Además, algunos temas como las sanciones y las condiciones de anulación de las patentes en caso de violación del pacto, suscitan controversias.