No es un buen momento para defender la causa de las mujeres en China. La periodista Sophia Huang, que intentó lanzar el movimiento #MeToo, y el sindicalista Wang Jianbing han sido condenados este viernes a 5 y 3,5 años de cárcel respectivamente por un tribunal del sur de China por "incitación a la subversión". Ambos llevan detenidos desde 2021.

Con nuestro corresponsal en Pekín, Stéphane Lagarde

MeToo, un movimiento subversivo para el Estado chino. Sophia Huang (Huang Xueqin en mandarín) ha pasado ya 1.000 días en el centro de detención número uno de Guangzhou. Hoy recibe la pena máxima: cinco años de cárcel. El veredicto especifica que también será privada de sus derechos cívicos durante cuatro años y multada con 100.000 yuanes -casi 13.000 euros- por "subversión del poder del Estado". Se trata de un cargo reservado a quienes perturban el poder en China.

Un golpe al movimiento feminista en China

Estas condenas suponen un duro golpe para las filas de las activistas feministas en China, que ya se han visto diezmadas en gran medida en los últimos tres años. Muchas se encuentran en el exilio.

En un muro virtual creado hace cuatro días y solo accesible con una VPN en China, llueven los mensajes de apoyo, agradecimiento y tristeza: "Mi corazón se conmueve cuando veo lo que Xueqin y las otras hermanas han hecho", "No sé qué decir o hacer, han inspirado a mucha gente" o "Me rompe el corazón saber que los burócratas les han quitado la libertad".

La feminista y periodista Huang Xueqin fue detenida por primera vez en 2019 por su cobertura de las protestas prodemocráticas en Hong Kong. Su compañero de lucha, el sindicalista Wang Jianbing, también está acusado de organizar reuniones para debatir sobre feminismo y derechos LGTB+.

Dos pancartas consideradas por las autoridades como procedentes de fuerzas exteriores hostiles: el gobierno chino no pudo soportar las críticas que recibió en una conferencia de prensa virtual organizada en el extranjero.

Condenas "malintencionadas y totalmente infundadas”

En un comunicado, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional cuestionó las "condenas malintencionadas y totalmente infundadas".

"Estas condenas […] tendrán un nuevo efecto amedrentador sobre los derechos humanos y la defensa social en un país donde los activistas se enfrentan a una creciente represión por parte del Estado", declaró Sarah Brooks, directora para China de la organización.

Preguntado por este caso, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, afirmó que "China es un país donde impera el Estado de derecho, que garantiza los derechos legítimos de todos los ciudadanos de acuerdo con la ley". Pero "cualquiera que infrinja la ley se enfrentará a un castigo legal", advirtió.

En los últimos años, las autoridades chinas han reprimido cada vez más a los movimientos de la sociedad civil y a los defensores de los derechos.