En Siria, las nuevas autoridades lanzan un vasto programa contra la corrupción y el despilfarro, que prevé suprimir un tercio de los puestos de la función pública. Algunos servicios públicos serán privatizados. En todo el país, muchos empleados ya han sido suspendidos o despedidos. Pero intentan impugnar estas decisiones.
Por los enviados especiales de RFI en Damasco, Guilhem Delteil y Bertrand Haeckler, con Nour Salam
Son cuatro, abrigadas con sus chaquetones de invierno, frente a un centro administrativo. Mientras los usuarios entran y salen, ellas permanecen de pie adelante. Esta era su oficina. Pero en enero no les renovaron el contrato de duración determinada. Quieren contar su historia, pero de forma anónima.
“Llevamos años trabajando aquí y ahora nos rechazan. Esperamos que nos acepten de nuevo. Ya no tenemos ingresos y tenemos que pagar el alquiler”, cuentan. Las cuatro siguen viniendo cada mañana, esperando buenas noticias.
Todos los sectores afectados
Los recortes afectan a todos los sectores, desde la administración local hasta los ministerios y las empresas públicas. Otra joven, que también desea permanecer en el anonimato, trabajaba para la empresa suministradora de electricidad. Ella, con contrato indefinido, y sus compañeros recibieron por WhatsApp la orden que anunciaba su suspensión durante tres meses.
“Al día siguiente de tomar la decisión, los empleados se reunieron en la plaza frente a la sede central, y fueron a ver al subdirector. Nos prometió que nos ayudaría y que crearía un comité para estudiar cada caso. Este comité decidirá qué ocurrirá con los empleados”, precisa. Ella misma ha sido recibida por este comité y ahora espera su respuesta. Quiere creer que será positiva.