Desde hace una semana, Panamá está parcialmente bloqueado por barricadas que impiden o perturban el tráfico en la capital y las provincias. Los manifestantes protestan contra un contrato minero firmado por el Gobierno con una empresa canadiense, que consideran peligroso para el medioambiente y atentatorio contra la integridad nacional.

Con Grégoire Pourtier, corresponsal en Panamá, y la AFP

El domingo por la noche, el presidente panameño Laurentino Cortizo anunció la celebración de un referéndum para resolver la crisis en torno al controvertido proyecto minero, para que los panameños decidan si derogan o no la ley que autoriza a la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM) a explotar la mina más grande de Centroamérica.

"No están dadas las condiciones"

Pero la respuesta al anuncio del mandatario no se hizo esperar. En la mañana del lunes, los opositores a 20 años más de minería estaban de nuevo en las calles, convencidos de que el anuncio presidencial no era más que una cortina de humo.

Además, el Tribunal Electoral anunció que no estaba en condiciones de organizar dicha votación. "Por el momento, no están dadas las condiciones para organizar el referéndum previsto", declaró en rueda de prensa el presidente del Tribunal, Alfredo Junca, afirmando que las tensiones en el país hacían imposible atender la petición del jefe de Estado. Además, "la Corte de Justicia conoce actualmente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 406 [sobre el contrato minero] que, de resolverse antes de la fecha del referéndum, lo volvería inútil", añadió el magistrado.

Los manifestantes están preocupados por el impacto potencial sobre el medioambiente y los contornos del contrato. Elvis, de 55 años, bloquea uno de los principales cruces de Ciudad de Panamá, y afirma nunca haber visto una movilización popular semejante: "No hay confiabilidad en el Gobierno. Ya el pueblo habló. La mayoría está en la calle. Queremos la derogación de la ley. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Estaremos alternando porque esta lucha es de todos. Se trata del futuro de nuestro país, del futuro ambiental, que es lo más importante. Los bosques es nuestra riqueza. El oro de Panamá es el oro verde", afirma.

El presidente persiste

A pesar de estos obstáculos, el presidente Laurentino Cortizo envió el lunes al Congreso panameño un proyecto de ley que allana el camino para el referéndum del 17 de diciembre. "Hay que buscar la paz social. Si ésta es una solución para generar la paz social del país, debe el Tribunal Electoral ponerse la camiseta de Panamá con su rol histórico", dijo el ministro del Interior Roger Tejada. El presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Vargas, miembro del partido presidencial, dijo que propondría enmendar el proyecto de ley para suspender el contrato a la espera del referéndum.

Por tanto, la crisis podría prolongarse. Debido a la falta de suministros, el mercado central de frutas y verduras ya está prácticamente paralizado. Es probable que el Tribunal Supremo de Justicia se ocupe del caso muy pronto. En 2017, 20 años después de la denuncia, había dictaminado que el contrato por el que se cedía parte del territorio nacional a una empresa extranjera era inconstitucional.

Pero a los expertos jurídicos les preocupa que, si el país se retirara del acuerdo, podría tener que hacer frente a indemnizaciones multimillonarias. La gigantesca mina de cobre a cielo abierto, situada a 240 km de Ciudad de Panamá, genera el 4% del PIB del país y el 75% de sus ingresos de exportación.