¿En qué condiciones se puede procesar a extranjeros en Francia por crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra? La Corte de Casación examinó este 17 de marzo la competencia universal de la justicia francesa, que se encuentra en el centro de numerosos procedimientos en París para luchar contra la impunidad de los autores de tales actos.

La respuesta a esta pregunta del más alto tribunal del orden judicial, que analiza el recurso de dos sirios acusados de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en su país, se dará el 12 de mayo. Tendrá repercusiones potencialmente graves sobre la actividad de la unidad de crímenes contra la humanidad del tribunal judicial de París.

El tribunal examina el caso de Abdulhamid Chaban, ex soldado sirio acusado de complicidad en crímenes contra la humanidad en febrero de 2019, y Majdi Nema, sirio acusado de tortura y crímenes de guerra. Ambos impugnan los hechos.

"Doble incriminación"

En noviembre de 2021, el tribunal, que ya se había ocupado del caso Chaban, había considerado que la justicia francesa era incompetente en este caso, invocando el principio de "doble incriminación" previsto por la ley de 9 de agosto de 2010: los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra deben ser reconocidos en el país de origen de un sospechoso que Francia pretende procesar. Sin embargo, Siria no reconoce estos crímenes y no ha ratificado el Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional.

Esta sentencia causó un terremoto en el mundo judicial y en las organizaciones de derechos humanos. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), parte civil, se había opuesto por motivos de procedimiento, permitiendo que el caso volviera al Tribunal de Casación.

En el caso de Majdi Nema, ex portavoz del grupo rebelde Jaysh al-Islam (Ejército del Islam), detenido en enero de 2020 en Marsella, donde estudiaba, el Tribunal de Apelación de París confirmó su procesamiento en abril de 2022, considerando en particular que la ley siria preveía "por equivalencia" varios crímenes de guerra y delitos tipificados en el código penal francés.

"Intenciones del legislador"

Durante la audiencia, las partes se refirieron a las "intenciones del legislador" cuando impuso este criterio de doble incriminación, así como el de "residencia habitual", también invocado por la defensa de Majdi Nema para impugnar su inculpación.

Refiriéndose a los debates parlamentarios que precedieron a la adopción de esta ley, Emmanuel Piwnica, abogado de la FIDH, afirmó que la doble incriminación "no significa" que los hechos deban "recibir una calificación idéntica". Según Gilles Thouvenin, abogado del Sr. Chaban, por el contrario, "los poderes públicos se adhieren a una interpretación restrictiva de la jurisdicción universal". "No se puede cambiar una doctrina según las influencias", dijo, añadiendo que estaba en juego "la legitimidad del Tribunal de Casación".

Louis Boré, abogado de Majdi Nema, observó que Siria "no es un Estado cooperativo". En estas condiciones, era imposible para los jueces solicitar la cooperación judicial de la justicia siria, que les permitiera investigar los cargos contra los ciudadanos sirios acusados en Francia. "Dada la gravedad de los cargos contra los acusados y la severidad de las penas, es mejor no tener justicia que tener una justicia de mala calidad", afirmó.

Residencia habitual

Sobre el criterio de la residencia habitual, subrayó que la intención del legislador era evitar que Francia se convirtiera en santuario de criminales de guerra. Pero argumentó que el Sr. Nema "nunca había querido hacer de Francia un santuario donde evitar ser procesado", ya que se disponía a marcharse, tras tres meses en Francia.

Abogando por una "interpretación flexible" de la doble incriminación y para que la jurisdicción universal no se convierta en "letra muerta", François Molins, fiscal del Tribunal de Casación, recomendó la desestimación de los recursos.

Subrayó que, si la justicia francesa se declarara incompetente, las personas solicitantes de asilo en Francia y denunciadas ante la autoridad judicial por ser sospechosas de haber cometido este tipo de delitos permanecerían "impunes" en territorio francés, ya que no podrían ser extraditadas ni deportadas.