"Dar a los consumidores los medios para actuar en favor de la transición ecológica" es el título de la directiva adoptada por una amplia mayoría de eurodiputados el miércoles 17 de enero. En concreto, el texto prohíbe las promesas medioambientales engañosas sobre los envoltorios de los productos.
Con la enviada especial de RFI en Estrasburgo, Anastasia Becchio, y la AFP
El greenwashing, o en español, ecoimpostura, ecopostureo o lavado de imagen verde, es una forma de propaganda que recurre al marketing verde de manera engañosa, para hacer creer que productos y políticas son respetuosos con el medioambiente con el fin de aumentar sus beneficios.
"Producto ecológico", "biodegradable", "100% natural"… estos términos quedarán prohibidos a partir de ahora si no van acompañados de pruebas. Este es uno de los objetivos de la legislación, que también prohíbe las alegaciones de impacto medioambiental neutro o positivo.
Plan realista y etiquetas certificadas
"El 99% de las veces, cuando una empresa dice 'esto es neutro en carbono', en realidad lo está 'compensando': efectivamente hay emisiones de gases de efecto invernadero, pero van a plantar tres árboles para decir que está bien, que es neutro en carbono. Está muy bien plantar árboles en otro sitio. Pero el objetivo es dejar de emitir gases de efecto invernadero, no seguir emitiéndolos y decir que los estamos compensando. Así que eso [esta retórica, nota del editor] ya estará prohibido", explica el eurodiputado verde David Cormand.
Las promesas de futuros resultados medioambientales tendrán que ir acompañadas de un plan realista y examinado de forma independiente. Y sólo se permitirán las etiquetas de sostenibilidad basadas en sistemas de certificación aprobados o establecidos por las autoridades. "El objetivo es mejorar el control sobre las etiquetas 'autocertificadas': a partir de ahora, tendrán que estar certificadas por una autoridad independiente y las empresas deberán demostrar la trazabilidad de sus productos", prosigue el ecologista.
Limitar la obsolescencia programada
Otras ambiciones del texto son garantizar la información sobre la reparabilidad de los productos y limitar la obsolescencia programada. Para la eurodiputada socialista croata Biljana Borzan, ponente del texto, "se trata de un asunto del máximo interés para los ciudadanos de mi país. Se han puesto en contacto conmigo muchas veces sobre este tema. La avería de un electrodoméstico representa un gasto importante para todos los hogares de Croacia. Puede costar más que el salario medio. Gracias a esta nueva ley, la industria dejará de beneficiarse de la fabricación de bienes de consumo que se averían justo después de finalizar el periodo de garantía".
La coalición de ONG ecologistas ECOS (Environmental Coalition On Standards) acogió con satisfacción la adopción del texto, pero consideró que "se basa en gran medida en una estrecha vigilancia del mercado, que actualmente es insuficiente".
Reunidos en sesión plenaria en Estrasburgo, los eurodiputados ratificaron por 593 votos (21 en contra y 14 abstenciones) el acuerdo ya alcanzado el pasado mes de septiembre entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo sobre esta nueva legislación. Una vez aprobada por el Consejo, la directiva entrará en vigor. Los Estados miembros dispondrán entonces de dos años para aplicarla.