El macronismo enfrenta su peor crisis tras aprobar su nueva ley de migración, pero… ¿qué supone exactamente esta ley para los migrantes?
Tras meses de debate y de tensiones en la Asamblea Nacional, el Parlamento francés ha aprobado con 349 votos a favor y 186 en contra, su controvertida ley migratoria que recibió el respaldo de la ultraderecha, además de los partidos afines al presidente Emmanuel Macron. Aunque, ocasionó una importante crisis política que deja más debilitado que nunca al gobierno macronista.
"El texto migratorio ha sido votado definitivamente. Representa un largo combate para integrar mejor a los extranjeros y expulsar a aquellos que cometieron actos de delincuencia. Es un texto fuerte y firme", afirmó el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, en la red social X.
A pesar de que, la ley ya ha sido aprobada aún queda varios pasos. Ahora, debe pasar por el Constitucional quien tendrá que revisar detenidamente para asegurarse que ningún punto va en contra de la Carta Magna.
Una ley que abre (más) la brecha entre el gobierno de Macron
La Asamblea Nacional (cámara baja) había rechazado debatir el anterior proyecto el 11 de diciembre, infligiendo un revés a Macron. El gobierno decidió mantener la reforma y convocó una comisión paritaria con el objetivo de buscar un compromiso con la oposición.
La presidenta de ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, ensalzó también el acuerdo y anunció que sus diputados votarían a favor del proyecto de ley. Un gesto que ocasionó un momento de pánico el martes por la tarde, cuando varios ministros anunciaron su posible dimisión si el texto era aprobado gracias al apoyo de la ultraderecha.
Algo que obligó al Palacio del Elíseo a organizar una reunión de crisis con su primera ministra, Elisabeth Borne y los jefes de la mayoría parlamentaria. Este miércoles 20 de diciembre, el presidente Macron comparecerá para dar más detalles de esta nueva ley migratoria.
¿Qué dice esta nueva ley de migración?
El punto que más polémica levanta es el periodo mínimo de residencia en Francia para que los residentes legales no europeos puedan recibir prestaciones sociales. El compromiso alcanzado el martes se basa, en particular, en una distinción entre los extranjeros no comunitarios en función de si "trabajan" o no.
Para los subsidios familiares, el derecho exigible a la vivienda y el subsidio personalizado de autonomía, se ha fijado un periodo de cinco años para los que no trabajan. Para los que trabajan, el periodo es de 30 meses.
Para acceder a la prestación de ayuda de la vivienda (APL), se ha fijado una condición de residencia de cinco años para los que no trabajan y de tres meses para los demás. Las nuevas restricciones no se aplican a los estudiantes extranjeros. Los refugiados y los titulares de permisos de residencia también quedan excluidos de todas estas medidas.
Uno de los puntos que se endurecen es la reintroducción del delito de residencia ilegal castigado con una multa que asciende a más de 3.000 euros, e incluso puede llegar a penas de cárcel. En 2012, Hollande eliminó este delito, que ahora Macron retoma. Además, se añade cuotas plurianuales de inmigración.
El martes por la tarde, la CMP confirmó también que la regularización de las personas sin papeles se hará caso por caso y bajo la responsabilidad de los prefectos de las regiones. Algo que preocupaba era la asistencia médica a migrantes irregulares, algo que la Primera Ministra ya ha confirmado que no se eliminará.
Leer tambiénLa polémica ley de inmigración pone a prueba la mayoría simple de Macron
Francia se alinea con la Unión Europea
El sueño de Macron sobre una Francia "más europeizada", parece que también incluye el aspecto migratorio. Francia se alinea con Europa. A penas unas horas después de aprobarse la nueva ley migratoria en Francia, los Estados miembros de la UE acordaron este miércoles una amplia reforma del sistema migratorio europeo que prevé un mecanismo de solidaridad obligatoria y controles más estrictos.
La reforma prevé controles más estrictos en la llegada de migrantes a la UE, centros cerrados cerca de las fronteras exteriores para expulsar más rápido a quienes no tengan derecho a asilo, y un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los Estados miembros, en beneficio de los países bajo mayor presión migratoria.
Ahora, dicho acuerdo deberá aún ser aprobado formalmente por el Consejo, es decir el foro de los 27 Estados miembros, y el Parlamento Europeo.
La reforma europea ha suscitado críticas de las organizaciones de defensa de derechos humanos.