El gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto llevar a cabo una regularización extraordinaria para más de 20.000 migrantes afectados por las inundaciones del 29 de octubre. Sin embargo, algunas entidades sociales estiman que el número real podría ascender a unas 40.000 personas en situación administrativa irregular que también podrían beneficiarse de esta medida. Informe de Ray Sánchez, nuestro corresponsal en Madrid.
La medida, que debe ser aprobada este martes por el Gobierno de España, beneficiará a alrededor de 26.000 extranjeros residentes en los municipios del este del país, que fueron gravemente afectados por la riada del 29 de octubre. Esta tragedia provocó la muerte de 218 personas y causó daños materiales incalculables.
Concretamente, el Ejecutivo concederá autorizaciones de residencia y trabajo por un año tanto a las personas afectadas por las inundaciones como a sus familiares directos, incluyendo cónyuges, hijos menores de edad y adultos con alguna discapacidad. En el caso de los familiares extranjeros de las víctimas mortales de la riada, la autorización se extenderá a cinco años.
Prórrogas similares ya se aplicaron en el pasado, como durante la pandemia o en otros episodios trágicos de la historia reciente de España, como los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid. En ese ataque, conocido como el 11M, murieron casi 200 personas. El entonces presidente José María Aznar concedió la nacionalidad española, por carta de naturaleza, a las víctimas extranjeras y a sus familiares, un centenar de personas.