"Injustamente detenidos" por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, los 135 presos fueron liberados "por motivos humanitarios" y trasladados a Guatemala, según la Casa Blanca.
Estados Unidos anunció este jueves que ha conseguido la liberación de 135 presos políticos "injustamente detenidos en Nicaragua" y los ha enviado a Guatemala. Según la Casa Blanca, la liberación tuvo lugar "por motivos humanitarios".
Entre los liberados figuran 13 miembros de la organización evangélica radicada en Texas Mountain Gateway, laicos católicos, estudiantes y otras personas que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo "consideran una amenaza para su régimen autoritario".
Estados Unidos "agradece el liderazgo y la generosidad del gobierno de Guatemala por aceptar amablemente a estos ciudadanos nicaragüenses". Una vez en este país, podrán "solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura", precisa EE.UU. Esta oficina, desplegada en varios países latinoamericanos, es una de las "vías legales" que permiten tramitar las solicitudes de asilo al país norteamericano.
En el comunicado, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta y candidata demócrata a las elecciones de noviembre Kamala Harris agradecen al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, "su continuo liderazgo en toda la región a la hora de abordar cuestiones humanitarias y defender la libertad democrática".
Arévalo ha subrayado la firme convicción democrática de su país en un mensaje de bienvenida a los liberados. "¡Bienvenidos, hermanos nicaragüenses!", afirmó en la red social X, rechazando rotundamente "las amenazas de regresión autoritaria".
Poner fin a la represión
Washington hace un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que "ponga fin de inmediato a las detenciones y encarcelamientos arbitrarios de sus ciudadanos por el mero hecho de ejercer sus libertades fundamentales", como también se lo había pedido en numerosas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En otro comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken afirma que "el pueblo nicaragüense quiere y merece una democracia" en la que "todos puedan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales, libres del temor a la persecución o las represalias".
El gobierno de Ortega, que regresó al poder en 2007 después de haber gobernado en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, reprimió duramente a las voces críticas tras las protestas prodemocracia de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU. Opositores y críticos acusan a Ortega y su esposa de instaurar un régimen autoritario.
En 2023 excarceló, expulsó y despojó de nacionalidad y de sus bienes a 316 políticos, periodistas, intelectuales y activistas críticos, a quienes acusó de traición a la patria. También arremetió contra la iglesia católica y cerró unas 5.500 oenegés, muchas de ellas religiosas.
La relación de Nicaragua con la comunidad internacional se ha tensado en los últimos meses, especialmente con Brasil, después de que Ortega ignorara sus intentos para mediar, a petición del papa Francisco, para la liberación de un obispo encarcelado. La Organización de los Estados Americanos también creó un "grupo voluntario" que sigue de cerca la situación en Nicaragua, país que dejó de ser miembro formalmente de la OEA el año pasado por decisión de Ortega.