Los ecuatorianos rechazaron las propuestas económicas del presidente Daniel Noboa en el referéndum del domingo, pero respaldaron abrumadoramente su cruzada contra el crimen y el narcotráfico. En este contexto, la detención de uno de los criminales más buscados del país llega en el momento adecuado para el Gobierno.

Con el corresponsal de RFI en Quito, Eric Samson, y la AFP

Fabricio Colón Pico, alias el capitán Pico, es uno de los principales líderes de la banda Los Lobos, una de las pandillas más poderosas y violentas de Ecuador. Había escapado de la cárcel de Riobamba el 9 de enero durante los disturbios que siguieron a la declaración del estado de excepción. Su familia había anunciado su muerte, pero tras meses de investigación, Fabricio Colón fue encontrado en una hacienda cacaotera de 22 hectáreas en el pequeño pueblo de Puerto Quito, al noroeste de la capital.

A pesar de la presencia de numerosos vigías, la policía logró rodear la hacienda a las 3 de la madrugada del lunes antes de lanzar el asalto. Tras un tiroteo, Fabricio Colón fue detenido junto a sus cómplices, entre ellos su hermana, con armas, dinero y siete teléfonos móviles. El capitán Pico, que se había teñido el pelo de rubio y alterado su aspecto, era uno de los hombres más buscados del país.  

"Su prioridad es la seguridad"

La ministra del Interior, Mónica Palencia, indicó que el líder de Los Lobos había sido denunciado a través de una llamada al 131, un número especial habilitado por las autoridades para recibir información a cambio de recompensas.

"El pueblo nos ha hablado de manera clara y concisa, y nos ha dicho que su prioridad es la seguridad, y estamos trabajando en ello", dijo Palencia, refiriéndose al referéndum del domingo que aprobó nueve propuestas del presidente Noboa para combatir el crimen. El Gobierno debe ahora enviar al Parlamento los textos para enmendar la Constitución y el Código Penal a fin de aplicar las medidas aprobadas, como la extradición de delincuentes.

Las autoridades sospechan que Los Lobos estuvo involucrado en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue matado a tiros por sicarios colombianos afuera de un mitin de campaña en Quito en agosto pasado.

Otro objetivo de la banda es la fiscal general Diana Salazar, quien lidera la ofensiva legal contra los grupos criminales así como varias investigaciones que han revelado vínculos con políticos, jueces y altos funcionarios. Es considerada una de las personas más amenazadas del país.