En Estados Unidos, la administración Trump y, en particular, el multimillonario Elon Musk prosiguen su ofensiva para recortar el gasto presupuestario. Varias agencias federales ya están paralizadas y se anima a los empleados federales a dimitir. Pero no todos están dispuestos a escuchar.
Había varios cientos de ellos a mediodía, al norte del Capitolio, informa nuestro corresponsal en Washington Guillaume Naudin. La mayoría son funcionarios federales, y han respondido a la llamada de su sindicato para escuchar a sus dirigentes, a los demócratas electos y, sobre todo, para hacer llegar un mensaje, como Alexis, que trabaja en la seguridad de los transportes.
“Es importante que todos estemos hoy aquí, para que podamos alertar a la nación sobre la seguridad de nuestros empleos, la seguridad de nuestras familias. Y también sobre lo que está pasando con la nueva administración y nuestras preocupaciones. Queremos proteger a nuestros empleados de los servicios públicos y a nuestras agencias gubernamentales”, explica.
A unos pasos, Adam, que también se contenta con dar su nombre de pila, explica que ha recibido la oferta de dimisión enviada a más de dos millones de funcionarios.
Recortes presupuestarios suspendidos por los tribunales
“Es muy ofensivo, porque hay todos estos insultos contra los empleados federales y hay amenazas. Y ya vimos lo que pasó con Musk y Twitter. Están mintiendo y es una estafa. Solo intentan asustar a todo el mundo diciendo que el trabajo va a ser tan horrible que es mejor que renuncies. Y yo he decidido ser una de las personas que da la cara y dice que esto es inaceptable”, afirma.
De momento, la oferta ha sido suspendida por los tribunales, pero la administración sigue buscando ahorrar por todas partes. Al menos 65.000 funcionarios han aceptado ya este programa de dimisión, según la prensa estadounidense.
A pesar de todos los llamamientos, el Gobierno ha seguido recortando el gasto público, anunciando el lunes que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) será efectivamente paralizada. La CFPB, que debía regular a los bancos y proteger a sus clientes, había sido criticada por los republicanos desde su creación en 2011. El lunes, Donald Trump también destituyó al director de la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, encargada de combatir los conflictos de intereses en el seno del Gobierno.