En Honduras, el ambientalista Juan López, fue asesinado a disparos este sábado en un ataque perpetrado por sicarios mientras salía de una iglesia en la comunidad de Tocoa. López era un reconocido activista ambientalista que luchaba por el cierre de una mina a cielo abierto y que denunciaba los daños que causaba al medio ambiente en parque natural.

El asesinato este sábado del ambientalista hondureño Juan López ocurrió en un contexto de conflicto entre comunidades locales del norte de Honduras y la empresa minera Los Pinares.

Todo empezó en 2013, cuando los diputados hondureños le amputaron al parque natural protegido Montaña de Botaderos 200 hectáreas y las entregaron a dos concesiones mineras. Como concejal del municipio de Tocoa, y coordinador del Comité Municipal de Bienes Comunes de este municipio, un comité local de oposición a la mina, López luchó arduamente contra la extracción de óxido de hierro que impactó el río San Pedro. 

“Las comunidades de repente se dan cuenta de que ese río está totalmente achocolatado, color óxido, y que empiezan a tener picazón en la piel, que no pueden bañarse, ni tomar ese agua, ni lavar la ropa”, detalló Rita Romero, la abogada del colectivo contra la mina.

“Las dos minas drenan sus ácidos y su material de óxido de hierro hacia el río San Pedro”, explica la abogada, en entrevista con Radio Francia Internacional. En 2021, tras años de denuncias, la fiscalía hondureña abrió una investigación sobre la legalidad de la mina.

“Las autoridades administrativas quienes firmaron el contrato de concesión de 10 años, el Instituto de Geología y Minas, viendo que estaba esta investigación penal en curso, comienza a generar informes técnicos señalando que existe una explotación ilegal y una contaminación pero que no fue autorizada por el instituto, y la Secretaría del Ambiente comienza también a generar dictámenes técnicos”, recalca Rita Romero.

Dos años más tarde, en 2023, Juan López y el colectivo contra la mina obtuvieron una victoria. En mayo pasado, la presidencia de Honduras emitió un decreto de protección y recuperación del parque de la Montaña de Botaderos que prohíbe nuevas concesiones mineras en la zona. Pero el precio que pagaron los ambientalistas es alto: recibieron amenazas de muerte. Y el estado hondureño nunca implementó las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamenta la abogada Rita Romero.

“Juan López y 36 defensores más fueron puestos bajo las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de los DD.HH. De octubre del 2023 al presente mes de septiembre, el Estados de Honduras no adoptó medida alguna y ahí tenemos el resultado de la muerte de Juan”, concluye Romero. El asesinato del ambientalista se sumó a la larga lista de activistas hondureños víctimas de la violencia. Según la ONG Global Witness que documenta cada año este tipo de crímenes, Honduras es el tercer país más peligroso de América Latina para los defensores del medioambiente.

El asesinato del ambientalista hondureño suscitó una ola de condenas. La presidenta Xiomara Castro la calificó de “terrible crimen” y el jesuita hondureño y defensor de los DDHH Ismael Moreno denunció un “crimen político”.