El candidato presidencial del opositor Movimiento Patria para Todos (MPT), doctor Fulgencio Severino, consideró que los dos años del presidente Luis Abinader han sido "pésimos".

Argumentó que ha sido negativo el desempeño de los servicios de salud, energía, agua potable, pero sí eficiente en "garantizar los intereses de los ricos".

Asimismo, el candidato presidencial sostuvo que también hay indicadores de crecimiento de la pobreza y de la falta de oportunidades para la juventud.

A su juicio esos resultados negativos son reconocidos incluso por el mismo gobierno, lo que resulta una paradoja porque los funcionarios del área económica dicen que la economía crece y va viento en popa.

"El gobierno dispone auxiliar a los empobrecidos con una migaja de 1500 pesos”, expresó Severino.

El doctor Severino, reconocido cardiólogo y salubrista, dijo que la incapacidad del Gobierno para controlar la inflación, para crear los empleos que demanda la población y los pésimos servicios públicos constituyen elementos evidentes que caracterizan la actual gestión y que ha resultado en empobrecimiento de la mayoría.

Señaló que el crecimiento de la economía es favorecido con endeudamiento público, favoreciendo a los poderes económicos ricos del país, pero en detrimento de políticas públicas que mejoren la vida de la población.

Afirmó que en educación han sido dos años perdidos por el mal manejo en medio de la pandemia, la corrupción, la politiquería.

A su juicio cuando hay mucho dinero en manos de corruptos y oligarcas, solo sirve para el enriquecimiento en detrimento del derecho a una educación de calidad.

El candidato presidencial opositor tampoco le reconoce méritos al gobierno en cuanto a lucha contra la corrupción.

“En cuanto a la corrupción esta campea por toda la administración pública, el propio gobierno desde el inicio incorporó a personas que están vinculados con la corrupción del gobierno pasado y continúan vinculados", argumentó.

El doctor Fulgencio Severino también criticó los resultados en materia de salud, energía eléctrica y otros servicios públicos, además de censurar la participación privada en proyectos conjuntos con el Estado.