La candidata presidencial del Frente Amplio, profesora María Teresa Cabrera, declaró que las circunstancias del crimen de la joven Paula Santana Escalante deberían llamar la atención de la sociedad y autoridades dominicanas sobre las pésimas condiciones en que tienen que trabajar mujeres y hombres en las fábricas de zona franca.
Expresó que más allá de juzgar a los hasta ahora sospechosos del acoso y del crimen, la primera cuestión a poner en relieve son las condiciones de contratación y laborales de los trabajadores y trabajadoras del sector zona franca.
Dijo que, además de salarios deprimentes, en reiteradas ocasiones se ha denunciado el clima de terror que impera en la generalidad de esos “campos de concentración” que, a menudo, los gobiernos presentan como “ejemplo de éxito”.
“Resulta risible la “sanción” del cierre temporal únicamente de la nave donde supuestamente ocurrieron los hechos, cuando el propio Ministerio de Trabajo tipifica la responsabilidad de la empresa como “faltas graves y muy graves en seguridad y salud en el trabajo”.
Dijo que constituye una
Consideró que las autoridades no deberían “hacerse los locos” ante el hecho de que ni un solo compañero de trabajo de la joven asesinada asistió a sus funerales y la razón de ello es de público conocimiento, pero las autoridades ni se dan por enteradas.
“Esto coloca de nuevo en el tapete las terribles condiciones de trabajo que imperan en la generalidad de zonas francas del país, empresas generadoras del llamado “empleo chatarra” donde no existe derecho a la libre sindicalización”, insistió la candidata presidencial del Frente Amplio.
María Teresa llamó la atención del Ministerio de Trabajo quien, en su opinión, pretende limpiarse las manos como “Pilatos”, cuando declara que antes de los hechos “no recibió denuncias de acoso sexual o laboral”, intentando con ello cerrar ese componente clave en las circunstancias del crimen. “Los familiares han sido claros, la denuncia se hizo ante las autoridades del Departamento de Recursos Humanos de la empresa, por tanto, carece de sentido esa aseveración de las autoridades de Trabajo subrayó.
Enfatizó que en medio del crónico desempleo reproducido por los modelos económicos antinacionales, las autoridades del Ministerio saben que no van a recibir denuncias de acoso sexual o laboral de empleadas de una empresa donde con amparo oficial no existe derecho a la sindicalización.
“Nuestro llamado es a la sociedad, a las organizaciones democráticas del país, a no dejar sola a la familia de la joven asesinada, y retomar las demandas por la libre organización sindical de los trabajadores y trabajadoras, y el pleno respeto de sus derechos constitucionales, los cuales son desconocidos con apoyo de los gobiernos, en la generalidad de zonas francas del país. No permitamos que ese crimen se resuelva con cinco minutos de silencio por la víctima, precisamente el silencio invita a callar y no denunciar”, concluyó.