El Gobierno no podrá aumentar los presupuestos ni la cantidad de beneficiarios de los programas y ayudas sociales a sectores vulnerables, durante lo que resta de la campaña presidencial y congresual.
Según el artículo 2010 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral se establece que los funcionarios que administran recursos públicos no podrán aprovecharse de su cargo para realizar proselitismos a favor de un candidato o entidad política.
En la actualidad, la Presidencia de la República cuenta con varios programas de ayuda y subsidios especiales, como el Bono Familiar, Subsidio Eléctrico, Bono Estudio, Programa de Viviendas Asequibles, la Tarjeta Supérate y Solidaridad, entre otras asistencias.
Sin embargo, estas ayudas, destinadas a brindar apoyo económico a familias de bajos recursos, pueden seguir funcionando sin incrementar las asignaciones de fondos ni elevar el número de personas favorecidas, según la legislación electoral.
“Se excluyen de la prohibición de este artículo, los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado, los cuales podrán desarrollarse conforme dicha planificación”, reza el párrafo 11 del artículo indicado.
Sin embargo, es importante destacar que tanto la administración central como las entidades autónomas y descentralizadas, junto con las alcaldías, deben abstenerse de implementar programas sociales excepcionales (durante el resto de la campaña electoral), de acuerdo a la legislación vigente.
El artículo 211 también prohíbe la colocación y distribución de propaganda electoral en el interior de las oficinas, edificios y locales ocupados por los poderes públicos o instalaciones escolares.
El Gobierno y los ayuntamientos han concluido el plazo para llevar a cabo ceremonias de inauguración, ya que la ley solo permite 60 días antes de las elecciones presidenciales y congresuales. El propósito es garantizar la equidad en el proceso electoral.