Las organizaciones políticas tienen hasta el 18 de febrero para depositar en la Junta Central Electoral (JCE) Electoral sus observaciones a la sentencia del Tribunal Constitucional (0788/24) sobre las candidaturas independientes, tras lo cual sus dirigentes serán convocados a una reunión de trabajo para que expresen a viva voz sus opiniones al respecto.
Así lo decidieron este lunes los miembros de la comisión designada por la JCE para elaborar una propuesta de proyecto de ley para regular las candidaturas independientes, quienes aprobaron el cronograma de trabajo respectivo.
a) Se le otorga un plazo a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos acreditados ante la JCE para que emitan su opinión por escrito en torno a la sentencia TC/0788/24, así como sus propuestas y líneas temáticas o de acción, como aportes para ser tomados en consideración en la elaboración del anteproyecto de ley que regule las candidaturas independientes. Dicho escrito deberá ser depositado en la Secretaría General de la Junta Central Electoral. El indicado plazo vencerá el martes 18 de febrero a las 4:00 p. m.
b) Una vez vencido el plazo indicado en el párrafo anterior, al día siguiente, es decir, el miércoles 19 de febrero de 2025, se notificará a todas las organizaciones políticas las opiniones y sugerencias que se hubieren recibido. Posteriormente, se concede un plazo hasta el lunes 24 de febrero a las 4:00 p. m., para que emitan sus consideraciones u opiniones al respecto, debiendo depositarlas por escrito en la Secretaría General de la JCE;
c) Se acordó que el miércoles 26 de febrero a las 10:00 a.m. se celebrará una reunión de trabajo en la que se escucharán las opiniones de las organizaciones políticas sobre el tema en cuestión. Dicha reunión se llevará a cabo en el auditorio de la JCE.
En ese orden, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, planteó que después de la reunión de trabajo la comisión se disponga al estudio de las opiniones remitidas, para entonces enviar al Pleno la propuesta de anteproyecto, a fin de su aprobación definitiva antes de ser remitido al Congreso Nacional.