Al analizar la responsabilidad en los crímenes cometidos contra la población civil, el Informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), anota sobre la imposibilidad de que los cadáveres encontrados en las proximidades de la cárcel de La Victoria pudieran ser puestos en esos lugares por instrucción del gobierno de Caamaño, debido a que los cuerpos fueron localizados en territorios muy lejanos a la influencia y control militar de ese gobierno y ademas, porque estos estaban bajo control y vigilancia de los militares del gobierno de Reconstrucción Nacional de (Antonio) Imbert Berrera, donde este “ejerce autoridad sobre ellos y controla los caminos de acceso”.
La responsabilidad del Gobierno de Reconstruccion Nacional pudo ser verificada por “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los corresponsales de la prensa extranjera; el representante personal del secretario general de las Naciones Unidas, don José Antonio Mayobre; la Embajada de los Estados Unidos, y otras privadas que no sería prudente revelar. Todos visitaron la estancia Haras Nacionales; inspeccionaron las inmediaciones del puente sobre el Yuca; vieron la tierra removida de las tumbas improvisadas, y hasta algún cadáver”.
A continuación la segunda parte del documento preparado por la comsión de la OEA y la ONU sobre los crímenes ejecutados por el Gobierno de Reconstrucción Nacional del general Imbert Barrera:
“Informe de los criminologos de la OEA” (II)
“El emplazamiento de estos hallazgos y de los sucesos que deben haberlos precedido, es inequívoco en cuanto a quien ejerce autoridad sobre ellos y controla los caminos de acceso, sembrados de puestos de vigilancia militar, la cual se acentúa y se hace más rigurosa al disminuir la luz del día y empezar las sombras de la noche, con la hora de queda, a las seis de la tarde.
El Gobierno Constitucional carece de medios para llegar hasta los emplazamientos señalados. Se encuentra ceñido a un territorio estrechado por la Fuerza Interamericana de Paz y por el río Ozama y el mar, en el extremo Sureste de la ciudad capital.
Tanto el puente Yuca como Mata Redonda se hallan a pocos kilómetros de distancia de una de las cárceles más importantes, la de La Victoria, cerca de la población de igual nombre, establecimiento carcelario que en un momento dado contuvo más de tres mil presos políticos, en la actualidad reducidos a cerca de quinientos. El Gobierno de Reconstrucción Nacional, que preside el general Imbert, ejerce autoridad sobre esta prisión.
La Comisión ha tenido oportunidad de examinar las constancias agrupadas en el expediente judicial que se ordenó instruir con fecha 10 de junio pasado por las autoridades del Gobierno de Reconstrucción Nacional a raíz de la comunicación de igual fecha que, reiterando denuncias de los dos días precedentes, dirigió el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Manuel Bianchi, al ministro de Relaciones Exteriores de dicho gobierno, señor Horacio Vicioso Soto. (Anexo III).
Ya en la respuesta de este señor ministro se anticipa el resultado de las primeras investigaciones realizadas «acerca de supuestos hechos ocurridos en las últimas semanas en las inmediaciones de la Hacienda Las Haras», diciendo que «posiblemente fueron cometidos por un pequeño grupo de civiles armados». Anuncia, además que el gobierno «ha ordenado una investigación adicional por parte de la Procuraduría General de la República, cuyos resultados me complaceré en hacer del conocimiento de Su Excelencia».
Pero el contenido del expediente judicial referido (Anexo IV), en orden a la investigación y esclarecimiento exhaustivo anunciado, es absolutamente nulo. Aparte de la transcripción de un acelerado informe de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que sucintamente está reproducido en la Nota Ministerial antes comentada, nada, absolutamente nada, se ha avanzado. Son constancias banales que exhiben el vacío completo, la carencia de una investigación propiamente tal.
Es el mismo tropiezo que sobre el particular ha encontrado esta Comisión: la Procuraduría General queda detenida por la juridicción militar, que no apremia no produce informaciones, por simples que ellas sean. Y los días y las semanas transcurren. Dificultando cada vez más los indispensables esclarecimientos que ansiamos conseguir.
Sin embargo, alrededor de la fecha reciente indicada: 10 de junio de 1965, los hechos habían trascendido, originados en fuentes diversas, todas concordantes: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los corresponsales de la prensa extranjera; el representante personal del secretario general de las Naciones Unidas, don José Antonio Mayobre; la Embajada de los Estados Unidos, y otras privadas que no sería prudente revelar. Todos visitaron la estancia Haras Nacionales; inspeccionaron las inmediaciones del puente sobre el Yuca; vieron la tierra removida de las tumbas improvisadas, y hasta algún cadáver; restos de huesos humanos calcinados y cenizas, y se hicieron eco de la noticia macabra, publicando fotografías e informaciones de la notoriedad misma de la revelación, surgió el llamado que se nos hizo y la designación honrosa de los firmantes para constituir la Comisión de Asistencia Técnica que integramos.
Puede decirse, pues, que los sucesos mismos integraban el acervo del conocimiento público, y que nuestra acción se ha limitado a concretarlo materializando las pruebas de su existencia, y apreciando los antecedentes que los produjeron.
Aún más: desde antes de nuestra llegada al país, se dispuso la protección y vigilancia militar del lugar aparente en que manos piadosas habían enterrado a las víctimas.
Las aludidas fuentes originarias no se limitaron a denunciar el hecho de las muertes sucesivas y nocturnas, ni la existencia de cadáveres, primero insepultos y luego inhumados privadamente, o de otros que las aguas arrastraban. Coincidentemente, también se refirieron a vehículos motorizados, camión, jeep, land-rover, que una y otra vez llegaban de noche cargados de presos, luego los descargaban, disparaban armas de fuego que los pobladores de la región pudieron escuchar en su trágica secuencia periódica, así como después oían el ruido de los mismos vehículos que tomaban el camino de regreso hacia el lugar de donde habían venido.
La autoridad militar, los puestos de control diseminados por la ruta de estos convoyes dantescos, que al parecer no consignaron jamás su paso, ni repararon que los mismos, vehículos de poco antes regresaban con menos personas, exhiben con ello una falta de eficacia que no es razonable admitir en tiempo de guerra civil, si no es que rubrican conocimiento de lo que acaecía, ya que no vamos a atribuirles complicidad.
Y no llegamos a tal extremo, porque pensamos que las cargas de presos que se trasportaban para darles muerte alevosa, pasaban esos puestos de control militar en supuesto traslado a una prisión: la cárcel de La Victoria, a donde jamás llegaron.
Se hace, por lo tanto, indispensable revisar las nóminas de presos de todas y cada una de las prisiones existentes, para cerciorarse de si los que murieron estuvieron en ellas ingresados, y saber cuándo se les dio salida para su última jornada en vida.
Hemos buscado infructuosamente la cooperación de la autoridad militar que nos habilitara llevar a cabo la comprobación de que hablamos y otras concomitantes.
El boletín Informativo No. 91 emitidos por la OEA el 1ro del corriente julio en esta ciudad (Anexo V), reproduce sintéticamente el informe preliminar de don Miguel Bianchi, presidente de la CI. de la D. H., en cuya tercera conclusión leemos lo siguientes: «Se han denunciado muchos casos de personas determinadas que han sido trasladadas de una prisión a otra, sin llegar a su destino».
La misma conclusión invita a investigar y evitar esta clase de ocurrencias. He ahí un punto concreto a que podría contraerse la «investigación adicional» ordenada a la Procuraduría General de la República, que sigue esperando informes de las autoridades militares y policiales, como pacientemente los ha esperado de ellas esta Comisión sin conseguirlos.
La Comisión deseaba verificar su investigación, sin anticipar la finalidad específica perseguida, para no frustrar sus resultados. Después de pedir verbalmente algunos datos de apariencia inocente, concretó por escrito, el 26 de junio, su requerimiento, que prefirió cursar a través del procurador general de la República, Dr. Chalas, como ya está referido anteriormente (ver acápite No. 10).
Pero como el Dr. Chalas curso de inmediato nuestra petición a las autoridades militar y policial, y tampoco se obtenía resultado, acudimos nuevamente a él en demanda de auxilio y de consejo, antes de perder más tiempo con nuevos pasos infructuosos.
Seguimos el que nos dio, y fuimos amablemente recibidos por el ministro de Relaciones Dr. Vicioso, a quien suplicamos hiciera una gestión que no significara la eliminación de la rutina y de los trámites burocráticos, y que a nuestro juicio, podía estar constituida por una especie de orden romperías o salvo conducto, provenientes de la superior autoridad militar y policial que nos permitiera acudir directamente, en demanda de datos, informaciones, testimonios, obtención de armas para su examen ganando tiempo y acelerando las investigaciones que nos preocupaba realizar.
Un día después, repitiendo su amabilidad, que coincide con inicial ofrecimiento (ver Anexo VI), el Dr. Vicioso se comunicó por teléfono con nosotros, para anunciarnos que creía haber satisfecho nuestro anhelo, y nos recomendó entrevistarnos con el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, a una hora de la mañana siguiente, para poder obtener la materialización de la facilidad perseguida. No nos fue posible hablar con él, a pesar de una prolongada espera, a que pusimos término al cabo de tres horas, dejándole una tarjeta escrita. Al llegar a la sede de nuestros trabajos encontramos un llamado telefónico que nos dirigiera, solicitando que por igual éxito. Buscando nuevamente por la tarde, tampoco lo encontramos; pero le dejamos aviso de que esperábamos noticias suyas para verlo. Y continuamos aguardando…
Estaba terminada la ímproba labor médico-legal y concluida la redacción de las diecisiete necropsias practicadas. Además de los tres últimos cadáveres, conocidos desde la muerte de las personas a quienes correspondían, se había logrado identificar otros seis. La incógnita de los ocho restantes era relativa para tres, y absoluta para cinco.
El número de víctimas voceado por el rumor público sobrepasaba la centena. Comparado con el de desaparecidos cuyos parientes reclamaban a diario ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para encontrarlos, establecimos que éste era de 42 (Anexo VII). Esta cifra coincide con el número de 39 víctimas de ejecuciones denunciadas persistentemente por las diversas fuentes informantes. Resulta significativo señalar la particularidad con que este número se indicaba: 38 y 1, porque, efectivamente, encontramos en cadáver enterrado junto al camino, solitario, en el lugar denominado «Mal Nombre», lo cual parecería justificar esa información.
En cambio, los muertos en el sector o región del «puente Yuca», no llegan, ni con mucho, a 38. Las indicaciones acerca de los que fueron enterrados, difieren de ese número, pues sumando 4, 5 y 8, que correspondieran a los que se habrían enterrado, apenas alcanzan a 17 De ellos recobramos 4, a los cuales podrían sumarse otros tantos, que flotaban en el río aguas abajo, y que cabe suponer que pertenecen a los 3 enterrados superficialmente junto al río, cuya crecida, al remover la tumba, habría arrastrado sus cuerpos. Con todo, sólo 8 de un total de 17 sepultados logramos encontrar. La sepultura conjunta de otros 8 no apareció.
Algunos informantes entre ellos dos periodistas extranjeros a quienes oyó esta Comisión, se refirieron a cadáveres humanos incinerados, algunos de cuyos restos óseos fueron recogidos y obran en nuestro poder, y hasta señalaron varios lugares al parecer de hornos improvisados al aire libre, junto a cercas de alambre de púas, sostenidas por tronco de madera, y vieron montones de cenizas.
No excluimos por cierto, la posibilidad de que algunos cadáveres insepultos hayan sido destrozados por animales —perros, chanchos— y después quemado el remanente que seguía pudriéndose. Pero su número no es probable que fuese superior a unos dos, cuatro o seis, a lo sumo. Y con ello la cuenta tampoco se aproxima a los 38 más 1 de que se ha hablado insistentemente, ya que sería siempre inferior a la mitad.
Uno de los informantes privados que escuchamos, y que mayores precisiones aportó a nuestra búsqueda, a quien otra fuente de gran seriedad oyó también y lo juzgan testigo muy calificado y de buena fe, negó enfáticamente las cremaciones de cadáveres en las inmediaciones del puente Yuca.
Otra de sus informaciones pretende que una de las «ejecuciones sumarias» se habría verificado de día, poco después de la uno o dos de la tarde. Que él considera haber oído los disparos, y más tarde vio cuerpos yacentes de las víctimas. Pero se trata de algo que nadie sino él ha referido, y tampoco, y como existe fuera de su manifestación dato alguno que sirva para confirmarla”.
(Fuente: Periodico Patria, Año I, No. 67, miércoles 21 de julio de 1965, p. 2).