A partir de la presente entrega estaremos publicando el “Informe de los criminólogos de la OEA”, en el que se detallaron los resultados de las investigaciones y hallazgos relacionados con el apresamiento y asesinato de decenas de dominicanos, durante los meses de la guerra civil de 1965, ejecutados por militares que actuaron bajo las ordenes del Gobierno de Reconstrucci+on Nacional, presidido por el general Antonio Imbert Barrera. En la investigación y preparación del informe participaron técnicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Naciones Unidas (ONU), atendiendo a los reclamos de familiares de personas que fueron desaparecidas, pero que en realidad resultaron muertas y enterradas en lugares distantes a la zona en conflicto:
“La Comisión se constituyó en Santo Domingo el viernes 18 de junio de 1965, tomando inmediato contacto con los señores Mora, Mayobre y Manuel Bianchi, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes la proveyeron de los antecedentes que sobre su particular cometido, obraran en poder de ellos”.
Los documentos que a continuación presentamos, fueron reproducidos por el periódico Patria a partir del 19 de junio. El informe no incluye los anexos evacuados por la Comisión técnica que los preparó, sin embargo tiene referencias, detalles precisos y elementos suficientes para entender la forma en que eran cometidos los crímenes a manos de los militares acantonados en los campamentos bajo control del Gobierno de Reconstrucción Nacional, responsable de los violaciones de los derechos humanos y del irrespeto a la vida de los dominicanos.
Las personas afectadas durante la guerra de Abril pueden ser calculadas en una cantidad que se aproxima a los 5,000 muertos y una cifra aproximada de heridos. Otros, en número de miles de ciudadanos permanecieron prisioneros en la cárcel de La Victoria, en una cárcel clandestina en la Isla Beata y en otras dependencias militares. De acuerdo al Informe de la OEA, algunos de los prisioneros eran sacados de las cárceles en horas de la noche y conducidos a lugares despoblados, próximos a la referida penitenciaría y asesinados a mansalva.
Pero la verdad, que no existen estadísticas exactas y creíbles de las personas que perdieron la vida o desaparecieron en la contienda civil, ya que los organismos oficiales no pudieron determinar el paradero de cientos de desaparecidos y además, porque muchos civiles fueron asesinados, sus cuerpos enterrados en sepulturas comunes y los familiares, posiblemente por miedo, no reclamaron sus cadáveres ni indagaron sus paraderos: “En los días posteriores a la revolución de Abril se habló de enterramientos en fosas comunes en la zona de Yamasá y La Victoria, así como en otros lugares en la periferia de la Capital, pero eso nunca pudo ser confirmado”.
De acuerdo con el Informe, la Comisión se centró en los lugares de la zona oriental, en propiedades que antes pertenecieron a Trujillo, como es el caso de la finca conocida como Haras Nacionales, debajo del puente del río Yuca, en los lugares de Mata Redonda, Mal Nombre, y en la hacienda La Estrella. Por igual, en Monte Plata y en la localidad cibaeña de Bonao:
“Tanto el puente Yuca como Mata Redonda se hallan a pocos Kilómetros de distancia de una de las cárceles más importantes, la de La Victoria, cerca de la población de igual nombre, establecimiento carcelario que en un momento dado contuvo más de tres mil presos políticos, en la actualidad reducidos a cerca de quinientos. El Gobierno de Reconstrucción Nacional, que preside el general Imbert, ejerce autoridad sobre esta prisión”. Pero también, de acuerdo al Informe, se cometieron crímenes en la Hacienda La Estrella, lo que fue comunicado a la Comisión de investigación por oficiales de la Fuerza Interamericana de Paz (FIP) y por pobladores de los lugares señalados. Sin embargo, la Comisión no pudo profundizar en las investigaciones de los casos denunciados por los familiares, debido a que “muy nuestro pesar, de la falta de cooperación real de las autoridades militares del Gobierno de Reconstrucción Nacional, para el desempeño de nuestro cometido”.
Entre las personas que perdieron la vida y sus cuerpos enterrados de manera clandestina en los lugares referidos, fueron hallados los cadáveres de Luis Reyes Acosta, Yolanda Guzmán y del sacerdote canadienses James Arthur MacKinnon. Este último fue asesinado por una patrulla militar en la comunidad de Monte Plata. En este último caso, debido a que el cura asesinado era un ciudadano extranjero, el doctor Mora, secretario general de la OEA ordenó una investigación más exhaustiva sobre la muerte del “padre José”, como era conocido el religioso, ejecutado junto a otras personas al caer la tarde del 22 de junio de 1965.
En cuanto a la cantidad de muertos identificados por la Comisión, no quedó claro el numero de civiles asesinados, pero los casos investigados se refieren a una cantidad que va de las cincuenta a las cien personas, muchas de los cuales fueron extraídas de la cárcel de La Victoria en horas de la noche, sometido a crueles torturas y luego ejecutadas con disparos mortales cometidos con armas de guerra:
“El número de víctimas voceado por el rumor público—dice el Informe de la Comisión—sobrepasaba la centena. Comparado con el de desaparecidos cuyos parientes reclamaban a diario ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para encontrarlos, establecimos que éste era de 42 (…). Esta cifra coincide con el número de 39 víctimas de ejecuciones denunciadas persistentemente por las diversas fuentes informantes. Resulta significativo señalar la particularidad con que este número se indicaba: (38 y 1), porque, efectivamente, encontramos en cadáver enterrado junto al camino, solitario, en el lugar denominado «Mal Nombre», lo cual parecería justificar esa información”.
Por igual, dice el Informe, los “cadáveres se habrían enterrados en sitios contiguos al río Yuca, debajo del puente, y algunos fueron encontrados sin dificultades el primer día de las búsquedas emprendidas. Las informaciones precisas recibidas señalaban tres emplazamientos de tumbas colectivas: una bajo el puente (la única que se encontró) contenía cuatro cadáveres; otra junto al río, hacia arriba, habría contenido cinco cadáveres, pero se nos previno que la crecida de las aguas podía haberla removido. En efecto, en el lugar denominado «Mata Redonda» fue posible determinar tres lugares de los que se extrajeron otros cinco cadáveres”.
La Comisión designada por la OEA y la ONU, insistieron en la actitud de los militares del gobierno presidido por Imbert Barrera, en el entendido de que, conociendo la investigación de las instituciones norteamericanas sobre los crímenes cometidos, los jefes militares del “gobierno de reconstrucción” ordenaron a los soldados regulares no colaborar con los investigadores:
- Los soldados, que en su mayor número, como el sargento, están en funciones desde antes de la guerra civil, negaron casi todos saber algo de lo ocurrido, siquiera por conversación con los pobladores. No vieron vehículos transportando presos; no oyeron descargas nocturnos que los ultimaron en las proximidades; ni escucharon que los vehículos regresaban hacia la dirección de Santo Domingo; no supieron que muchos de esos cadáveres fueron enterrados. Se mantuvieron en estas negativas porfiadamente, a pesar de nuestras representaciones acerca de su inverosimilitud manifiesta, puesto que admitían que fuera del servicio, circulan libremente, hablan con gente de la región, visitan Villa Mella, y no parece posible o razonable que jamás ninguno escuchara comentario o rumor de alguna especie sobre lo que durante dos semanas estuvo ocurriendo en la región, ni siquiera sintiendo el nauseabundo olor de la putrefacción cadavérica. Sus dichos fueron tan idénticos unos con otros, las palabras empleadas las mismas, las negaciones tan similares, que parecían el resultado de instrucciones precisas recibidas, al punto de parecer sus testimonios como calcados”.
“Informe de los criminólogos de la OEA (I)
Informe sobre atrocidades cometidas en Santo Domingo, R.D., presentado al señor secretario general de la OEA por la Comisión de Asistencia Técnica.
Fue nombrada esta Comisión, con el fin de prestar asistencia técnica en el esclarecimiento de atrocidades que, según insistente información, habrían ocurrido en las proximidades de la hacienda o establecimiento «Haras Nacionales», situado a poca distancia de Villa Mella, en el camino que conduce a la prisión La Victoria, alrededor de 6 kilómetros hacia el Norte, y a unos 20 kilómetros de la capital.
Aun cuando su cometido no se especificó con mayor precisión, fue subentendido que se concretaría a los hechos denunciados por el secretario general de la Organización de los Estado Americanos, Dr. José A. Mora, y por el Representante del secretario general de las Naciones Unidas en Santo Domingo, señor José Antonio Mayobre, que divulgaron en la prensa universal los despachos de las agencias informativas internacionales en cuanto fueron conocidos.
La Comisión se constituyó en Santo Domingo el viernes 18 de junio de 1965, tomando inmediato contacto con los señores Mora, Mayobre y Manuel Bianchi, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes la proveyeron de los antecedentes que sobre su particular cometido, obraran en poder de ellos.
Se adoptó un plan de trabajos, previas algunas diligencias preliminares preparatorias, que aseguran el resultado de las actividades que deberían emprenderse.
Es así como la Comisión de Asistencia Técnica obtuvo elementos materiales y humanos, autorización para proceder a la exhumación y trasladar los cadáveres hasta el recinto del Hospital Salvador Gautier, donde practicaría necropsias, y luego entregaría los restos humanos examinados, para su sepultura previas las tramitaciones administrativas indispensables. En varios casos, se logró identificar los restos, interviniendo en ello personal de la Procuraduría General de la República, y se entregaron a los deudos, para que las familias los sepultaran.
Los cadáveres se habrían enterrados en sitios contiguos al río Yuca, debajo del puente, y algunos fueron encontrados sin dificultades el primer día de las búsquedas emprendidas.
Las informaciones precisas recibidas señalaban tres emplazamientos de tumbas colectivas: una bajo el puente (la única que se encontró) contenía cuatro cadáveres; otra junto al río, hacia arriba, habría contenido cinco cadáveres, pero se nos previno que la crecida de las aguas podía haberla removido. En efecto, el emplazamiento de esta tumba no se halló, si bien se recobraron flotando aguas abajo en el río Yuca cuatro cadáveres más. La tercera cuatro cadáveres más. La tercera tumba, con ocho cadáveres, en la margen derecha del mismo río hacia abajo, no fue posible encontrarla. Buscamos diversos lugares que parecían los de ubicación, excavando en ellos sin resultado. Una zanja abierta a lo largo de los posibles emplazamientos, de bastante profundidad, tampoco logró éxito.
En cambio, fue muy precisa la indicación de una tumba junto al camino interior de la estancia, en el lugar «Mal Nombre», a poco más de kilómetro y medio del puente sobre el Yuca, de donde se extrajo un cadáver.
De estos nueve cuerpos recobrados, sólo fue posible identificar inequívocamente uno: el de Arsenio Perdomo Martínez. Previo el certificado de defunción correspondiente, se entregó a la familia, que lo sepultó.
Es útil consignar que existen antecedentes o elementos susceptibles de conducir a otras identificaciones: un tatuaje en el antebrazo de uno de los cadáveres; el nombre escrito en la ropa de un segundo, y las iniciales escritas en la ropa de un tercero —fuera de otros menos concretos.
Mientras procedíamos a realizar las labores referidas, el personal militar a cargo de la custodia del emplazamiento de las tumbas, la Fuerza Interamericana de Paz, comunicó informaciones obtenidas de los pobladores de la región que señalaban la existencia de otras en la hacienda vecina «La Estrella». En efecto, en el lugar denominado «Mata Redonda» fue posible determinar tres lugares de los que se extrajeron otros cinco cadáveres, que también fueron transportados al hospital Salvador Gautier de esta capital, para su examen médico legal. Uno de ellos corresponde a una mujer. Previa identificación de todos ellos, sus cadáveres se entregaron a los deudos, que los sepultaron. Se trataba de las siguientes personas: Rafael Antonio Vásquez García (No. 10); Luis Reyes Acosta (No. 11); Félix Fernando Taveras (No. 12); José Ma. Reyes (No. 13) y Yolanda viuda Guzmán (No. 14).
Se trata, en el caso, de episodios distintos a los que denominaremos sucesos de «Haras Nacionales» o del río o del puente Yuca.
Con fecha 29 de junio último, el doctor Mora, secretario general de la OEA nos encomendó completar investigaciones relacionadas con la muerte del padre Arturo, conocido como padre José, de nombre James Arthur MacKinnon, de nacionalidad canadiense, que en unión de otras dos personas perdió la vida el martes 22 de junio pasado, cerca de las siete de la tarde, en las afueras de Monte Plata.
Como los cadáveres de estas víctimas estaban sepultados desde el 23 de junio en los cementerios de Monte Plata y de Bonao, que no cuentan con medios adecuados para los exámenes médico-legales de rigor, se dispuso la exhumación y traslado al hospital Salvador Gautier de esta ciudad, a fin de proceder a la necropsia y demás observaciones y pericias complementarias, al igual que el del tercero, sepultado en esta capital. Nos fueron proporcionadas ropas del padre Arturo, una cápsula recogida junto al lugar de su muerte y dos hojas de planta con apariencias de impregnación de pólvora, obtenidas en el mismo sitio.
Este sería un nuevo episodio violento, ocurrido en otro lugar, muy distante, en fecha más próxima a la del presente informe, cuyas características merecen estudiarse para desprender de todos los los incidentes referido conclusiones separadas o conjuntas que sirvan de ilustración adecuada acerca de la conducta de los que produjeron o llevaron a cabo.
Ha llegado, ahora, el momento de consignar la serie de dificultades con que tropezó esta comisión al desempeñar su cometido.
Debido a la singularidad y carácter especial, empezaremos por señalar la actitud de los médicos, particularmente los que componen la «Asociación Dominicana de Patólogos». Por razones originadas hace más de año y medio, se consideran ligados por un compromiso moral, derivado de los estatus de la Asociación y su Código de Ética, artículo 14, en orden a no participar en pericias médico-legales. Su posición es exclusivamente doctrinal y técnica, y se funda en la carencia de conocimientos especiales suficientes que los habiliten para semejantes tareas. Su empeño de entonces, en el cual persisten, tiende a procurar, ya sea la presencia en el país de algún profesor especializado que los prepare a ellos o a los futuros médicos dominicanos en esta materia, o bien el envío de becarios nacionales a especializarse durante el tiempo requerido en universidades extranjeras más adelantadas, que al regresar al país con sus nuevos conocimientos estuvieran en aptitud de proseguir la especialización de las nuevas promociones de profesionales dominicanos.
Dejamos constancia de que procuramos agotar la inflexible resistencia de los médicos, secundados por el secretario de Salud Pública y sus colaboradores inmediatos, y por el procurador general de la República, Dr. Fernando S. Chalas, y su Ayudante, Dr. Mendoza. Nuestro esfuerzo resultó infructuoso. (Ver Anexo I).
A pesar de lo cual, consignamos con íntima satisfacción nuestro reconocimiento a los médicos doctores Rafael de la Mota y José de Jesús Ravelo, ambos de la Secretaría de Salud y Previsión Social, y César Augusto Campillo, de la Procuraduría General de la República, que nos brindaron su constante y abnegada colaboración.
Pudimos beneficiar, asimismo, del resto del personal asesor de una permanente cooperación los diferentes servicios del hospital Salvador Gautier; del personal especializado o técnico de la Policía local, y de los miembros de la Procuraduría General de la República, que se hicieron dignos del agradecimiento que creemos justo expresar por la eficiente labor que realizaron a nuestro pedido”.
(Fuente: Periódico Patria, Año I, No. 65, lunes 19 julio de 1965. Véase también: Alejandro Paulino Ramos, “La guerra de abril de 1965: los muertos que nunca se pudieron contar”. Acento.com.do, 14 de mayo 2014).