El abogado Hotoniel Bonilla, ex incumbente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), defendió al expresidente Leonel Fernández, en relación con las 66 auditorías hechas por la Cámara de Cuentas a diversas entidades públicas durante los gobiernos del entonces presidente peledeísta.
En una declaración escrita enviada a este medio, Bonilla dice que no es cierto que las irregularidades detectadas en las auditorías no fueran investigadas.
A continuación la declaración de Hotoniel Bonilla, tal como fue recibida:
Hotoniel Bonilla refuta enfoque sobre investigaciones auditorias Cámara de Cuentas
El exprocurador general adjunto de la República Hotoniel Bonilla, se refirió a la publicación de Acento que da cuenta de las presuntas irregularidades detectadas mediante 66 auditorias en distintas dependencias del Estado, durante los gobiernos de Leonel Fernández, que supuestamente no fueron investigados por los funcionarios de la Procuraduría de aquel momento.
El extitular del organismo anticorrupción declaró que, en relación al citado reportaje, lo primero a destacar es que la decisión de investigar un Informe de auditoría emanado de la Cámara de Cuentas o cualquier otro proceso, ni en aquel momento ni ahora recae sobre el presidente de la República, puesto que es una atribución constitucional conferida al Ministerio Público, por tanto, resulta injusto atribuir cualquier demora al expresidente Leonel Fernández.
En torno a los referidos informes de auditorias, que según la nota de Acento revelaron que numerosas instituciones centralizadas, autónomas y descentralizadas en los periodos 2004-2008 y 2008-2012, hicieron mal uso de los recursos públicos y que habrían sido remitidos a la Procuraduría, afirmó que la mayoría de los señalados en dicho reportaje fueron investigados por la Procuraduría y varios de ellos procesados ante los Tribunales de la República.
En efecto, destacó que, contrario a lo publicado, fueron objeto de sometimiento judicial varias de las auditorias señaladas en dicho reportaje, entre los que resaltó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) y Bienes Nacionales. Sin embargo, recordó, que correspondía a las autoridades instaladas en 2012 dar continuidad a estos y otros procesos, tomando en cuenta que las investigaciones y la dilucidación en sede judicial tarda años. Agregó, que las auditorias practicadas a la Oficina Técnica de Trasporte Terrestre (OTT) y la LMD también fueron objeto de investigaciones.
El reconocido abogado indicó, además, que “aprovecha la ocasión para recordar que los avances en materia de fortalecimiento institucional y transparencia durante las gestiones de gobierno de Leonel Fernández son notorios e incuestionables”.
En ese sentido citó un conjunto de iniciativas y leyes adoptadas para mejorar las políticas de prevención y detección de los actos de corrupción en la administración pública, entre los que destacó las reformas a los órganos de control del Estado, la aprobación y aplicación de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la creación de la Procuraduría que investiga los delitos de corrupción, la institucionalización de la carrera del Ministerio Público, mediante la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, ejecutada durante la gestión de Radhamés Jiménez, entre otras.
Sin embargo, es consciente que habría deseado que el combate contra la corrupción fuera más efectivo, pero que el país, y el Ministerio Público en particular, tiene carencias de recursos y personal que permita un mayor avance, lo que, a su juicio, ha quedado de manifiesto incluso en esta gestión, que a pesar de los innegables avances y contar con la figura más destacada del sistema judicial como titular del Ministerio Público, no ha podido hacer frente a los más de 500 casos que existen en investigación, 100 de ellos de esta gestión, según afirmaciones recientes de dicho organismo.