La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (Finjus) expresó este domingo su preocupación por la reciente decisión del Tribunal Constitucional TC/0788/24 que declara no conforme con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, por considerar que la misma podría provocar el debilitamiento de los partidos y la desarticulación del propio sistema político.
A través de un comunicado firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad señaló que la sentencia desvirtúa los esfuerzos realizados en diferentes espacios para fortalecer la democracia interna de los partidos políticos.
En ese sentido, la Finjus sostuvo que si bien existen desafíos importantes que superar en el marco de la representación política de cara a una razonabilidad histórica y social, "estos no pueden anclarse en una motivación jurídica que produzca y reproduzca el surgimiento de extremos que debiliten la institucionalidad de las organizaciones políticas, generen grupos espontáneos fuera de la fiscalización y el control institucional y confundan a la voluntad colectiva desde una visión castigadora de la propia estabilidad democrática de la Nación".
Los artículos 156 y 157 de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral establecen que para la presentación de candidaturas independientes debe realizarse a través de agrupaciones políticas constituidas de conformidad con la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La entidad resaltó que los diversos sectores del país deben abocarse a una "amplia discusión nacional" que permita el fortalecimiento de la democracia interna de las organizaciones políticas y la promoción de mayores garantías para continuar aumentando la confianza de la voluntad colectiva en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
"De lo contrario – advirtió -, el Tribunal Constitucional estaría arrojando a su suerte décadas de reforzamiento histórico e institucional de las organizaciones políticas, provocando entonces escenarios electorales menos representativos y mucho más opacos que los actualmente establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano".