La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) hizo 78 auditoría que detectaron violaciones legales en el uso de dinero en los partidos políticos principales, por un valor superior a los 4 mil millones de pesos. Sin embargo no las envió a la Procuraduría General de la República.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) cuestiona en sus auditorías practicadas a los partidos y movimientos políticos que recibieron fondos de la Junta Central Electoral (JCE), el gasto irregular de RD$ 4,073,360,797 ) destinados para financiar las campañas presidenciales, congresuales y municipales del 2008-2012 y 2016.

Las irregularidades financieras y contables están documentadas en al menos 78 informes de auditorías practicadas a los estados financieros, contables y presupuestarios de estas organizaciones, durante el periodo referido.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativas (PEPCA) no recibió las auditoría, como dispone la ley cuando se detectan irregularidades penales en el uso de fondos públicos.

La normativa 33-18 establece que los fondos entregados por el Estado a los partidos y movimientos deben distribuirse de la siguiente manera:

Un 50% en gastos administrativos, el 10 % en educación y formación de sus miembros y el restante 40% para financiar las candidaturas a puestos de elección popular de manera proporcional, algo que la mayoría de estas organizaciones no cumple.

La investigación de la Cámara de Cuentas sobre el uso irregular de los recursos entregados a las organizaciones políticas se basa en el análisis de los estados de ingresos y egresos, transacciones, informes, registros y documentos, para verificar el cumplimiento con las disposiciones legales de control interno, contables y presupuestaria.

Por lo general, los partidos remiten documentaciones falsas o alteradas sobre la razonabilidad, transparencia y legalidad de la información financiera y contable de estas entidades, de acuerdo con las experticias del ente regulador.

En un análisis realizado por Participación Ciudadana (PC) en 2019, en el cual asegura que los informes financieros de los partidos mayoritarios ( PRD, PRM, PRSC y PLD) reflejan fallas contables, imprecisiones y mala calidad del gasto de los fondos públicos que reciben (a través de la Ley Electoral 275-97 y sus modificaciones).

Además de recibir fondos públicos del Estado, estas organizaciones obtienen donaciones económicas de fuentes privadas para financiar sus campañas, ingresos que también son fiscalizados por la CCRD.

Las irregularidades o inobservancias son recurrentes en cada una de las auditorías practicadas a los partidos. Los investigadores detentan desembolsos sin soportes, compras de bienes y servicios sin facturas, evasión de impuestos fiscales, pagos de préstamos a miembros de sus propios partidos sin evidencia de recibos, así como desembolsos a particulares sin evidencias de documentos, operaciones financieras no transparentadas, entre otras.

En los comicios de 2008, estas organizaciones recibieron del Presupuesto Nacional vía la JCE la suma de RD $1,060,063,874.00, cuatro años después, en las elecciones ordinarias de 2012, obtuvieron la suma de RD$1,403,210,000, según datos oficiales de la JCE.

Igualmente, recibieron financiamientos para cubrir gastos de la campaña general ordinaria de 2016, por la cantidad de RD $1,610,086,923.

Según indica la Ley 289-05, ( que deroga la anterior Ley 78-05), el 80% de los fondos asignados a los partidos políticos mayoritarios, que obtuvieron el 5% de los votos en las últimas elecciones, son repartidos en partes iguales.

Mientras, el 20% restante se distribuye un 12% en partes iguales para los que obtuvieron menos del 5% de los votos válidos emitidos en los comicios previos, y un 8% en proporción a los votos válidos alcanzado por cada uno de los partidos que obtuvieron menos del 5% de los votos.

La JCE creó la Dirección Especializada de Control Financiero que monitorea el financiamiento estatal y privado de las organizaciones y sus candidatos a cargos electivos a nivel nacional.

Cada cuatro años participan en las elecciones nacionales ordinarias, entre 25 y 30 partidos y movimientos políticos, la mayoría conforman frentes o coaliciones para participar en los comicios.