El Gobierno minimizó el impacto del paro convocado este lunes en las catorce provincias de la región norte en reclamo de una serie de demandas, entre ellas la rebaja de los precios de los alimentos.

De acuerdo con el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, la mayoría de los comercios abrieron sus puertas en esta región, donde "todo está en calma".

Un informe del funcionario sobre la situación en el norte indica que solo en la provincia Monseñor Nouel se suspendió la docencia por razones de seguridad, pero en el resto de esta demarcación "las actividades públicas y privadas se desarrollan con normalidad".

Las clases también fueron suspendidas en el municipio de Villa La Mata, de la provincia Sánchez Ramírez, y en los demás municipios se llevan a cabo con normalidad.

El paro recibió cierto apoyo en María Trinidad Sánchez, ya que, de acuerdo con lo explicado por Figueroa, un 30 % de los locales comerciales no abrió sus puertas, y los comerciantes solicitan más vigilancia policial y militar.

En las otras once provincias, entre ellas Santiago, todo está normal, según la información oficial.

En el comunicado, el vocero de la Presidencia subrayó el compromiso del Gobierno de "velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía", al tiempo que "seguirá monitoreando de cerca la situación en las diferentes provincias del Cibao".

El paro de 24 horas fue convocado por la Coalición de Organizaciones Sociales del Cibao en demanda, entre otros puntos, de un aumento general de salarios y una rebaja de los alimentos, combustibles y medicamentos.

Los organizadores de la huelga también reclaman mejoras en los sistemas de salud y de pensiones.

La víspera, la Policía Nacional aseguró que, ante el llamado a paro, "cumplirá fielmente su misión de mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes".

Para ello, afirmó, cuenta con el respaldo del Ministerio de Defensa, que activó el denominado plan “Hurón” en la zona norte.

En un comunicado, la Policía reconoció el derecho de las personas a protestar pacíficamente, "hasta tanto sea detectada una amenaza legítima para la seguridad y los derechos de otros ciudadanos".