El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, valoró el carácter prioritario dado por el Congreso Nacional al conocimiento y discusión con fines de aprobación del proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral.

El presidente del CONEP destacó la reintroducción de este proyecto en la actual legislatura extraordinaria y su reciente aprobación en primera lectura por el Senado, con las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados.

“Muestran el interés de los legisladores de contribuir a la modernización del régimen electoral en la República Dominicana, que es un tema fundamental ante los procesos electorales venideros y para el fortalecimiento de la democracia en el país”, expresó.

“Este proyecto legislativo, así como el de la Ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, reintroducida en el Senado en esta semana, permitirán contar con un marco jurídico que responda los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad establecidos en la Constitución”, sostuvo Celso Juan Marranzini.

Recordó que el sector empresarial, como resultado de un amplio proceso consultivo entre empresas y gremios empresariales, ya ha expresado ante el Senado de la República y el Consejo Económico y Social (CES) su posición sobre la pertinencia y la relevancia de la adecuación de la Ley electoral.

Entre sus recomendaciones, los empresarios llaman a las autoridades competentes a erradicar definitivamente la posibilidad de que recursos ilícitos puedan permear la actividad política; a evitar que el crimen organizado traspase los partidos políticos, y a fortalecer el escrutinio del patrimonio de los candidatos y de los aportes que reciben.

Asimismo, el sector empresarial aboga por fortalecer el rol de control y fiscalización de la Junta Central Electoral (JCE), como órgano rector, mediante su Unidad de Control. Esto le otorga la facultad de imponer a los partidos políticos cumplir con las declaraciones, los informes y las obligaciones que garanticen la debida transparencia y fiscalización de sus ingresos y egresos, así como del financiamiento privado de precandidatos y candidatos, y el gasto de precampañas y campañas.

El sector empresarial considera fundamental reforzar la potestad reglamentaria de la JCE, que la autoriza a expedir normas de carácter general destinadas a la ejecución y el cumplimiento de la ley, una facultad constitucional que se da a este órgano mediante el artículo 212 de la Constitución de la República Dominicana.