Representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), expusieron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación democrática en El Salvador en una audiencia que no contó con la participación del Estado salvadoreño.
En la conferencia, que se llevó a cabo en el marco del 191 período de sesiones de la CIDH, los representantes del órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lamentaron la decisión de El Salvador de declinar a participar.
"El Estado nos notificó (lunes) que había declinado a participar en esta audiencia", dijo Carlos Bernal, primer vicepresidente de la CIDH.
Los representantes de las organizaciones tocaron diversos temas, entre estos la destitución de magistrados constitucionales en 2021, la reelección del presidente Nayib Bukele y la implementación en El Salvador de un régimen de excepción con el que el Gobierno asegura que ha "erradicado" a las pandillas.
Leonor Arteaga, abogada y la directora del Programa de Lucha contra la Impunidad de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington, señaló que "el deterioro del estado de Derechos en El Salvador ha tenido diferentes manifestaciones, una de ellas es el rompimiento del principio de la división de poderes".
Expuso que "el poder Ejecutivo ha impulsado distintas reformas legales con el fin de controlar al poder Judicial y socavar la garantía de los derechos humanos, para ello el poder Legislativo, dominado por el partido oficialista, se ha convertido en caso ejecutor de los designios del Ejecutivo".
Arteaga apuntó que los "intentos de reforma a la Constitución llevan un único fin: perpetuarse en el poder sin limites ni controles".
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en abril pasado reformar un artículo de la Constitución que permitiría reformas expeditas a la carta magna, vigente desde 1983, en la actual legislatura.
No obstante, esta reforma no ha sido ratificada por la actual legislatura y se desconoce cuándo será abordada en el Congreso.
Ruth Eleonora López, abogada y jefa del área de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, señaló que "en los últimos años hemos sido testigos de la disminución en la capacidad de la Sala de lo Constitucional" de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que "hasta el primero de mayo de 2021 cumplía una función esencial de contrapeso en el poder político salvadoreño".
"En un sistema democrático es fundamental que los tribunales constitucionales, como parte del sistema del control político institucional, sean imparciales y tengan la capacidad de limitar el poder para evitar la vulneración de derechos constitucionales", indicó.
López solicitó a la CIDH que pida al Estado salvadoreño que "deseche el cambio constitucional, que modifique el procedimiento de reforma contenido en el artículo 248″ de la carta magna, que "solicite que se dé cumplimiento a lo instado por la Comisión en el informe sobre estado de excepción y derechos humanos en El Salvador".
Además, pidió que "se tenga en cuenta los casos individuales sobre la independencia judicial en El Salvador que se encuentran en trámite ante esta Comisión relacionados con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional".