La coalición de activistas y organizaciones LGBTIQ+ dominicana mostró su preocupación ante los recientes acontecimientos relacionados con la aprobación del proyecto de Código Penal en el Congreso Nacional.
La organización indicó que mueve a suspicacia la forma apresurada y sin consulta a la ciudadanía en la que se ha procedido, dejando fuera temas cruciales como la discriminación por orientación sexual e identidad género, lo cual, entienden, atenta contra los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Asimismo, las 20 organizaciones que conforman la Coalición LGBTIQ+ dominicana, las cuales están comprometidas con la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales, queer y otras identidades diversas, consideraron que esta propuesta legislativa representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y una amenaza a la calidad de vida de dominicanos y turistas.
También advirtieron que, actualmente, el proyecto se encuentra en una comisión especial de la Cámara de Diputados y su aprobación, tal como está, significaría una violación de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables de la sociedad dominicana, contraviniendo los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación consagrados en los artículos 38, 39 y 74 de la Constitución.
La coalición también denunció que los legisladores actuales buscan aprobar este código sin un consenso amplio con la sociedad, priorizando intereses particulares sobre el bien común.
Además, expresaron su indignación ante disposiciones que minimizan la violencia sexual en relaciones de pareja y otorgan privilegios injustificados a la policía y militares, permitiendo abusos sin consecuencias o penalidades que sean proporcionales a los daños que causen a las personas.
En este sentido, hicieron un llamado a la aprobación de normas y leyes que reflejen las necesidades reales de la población dominicana y estén en concordancia con los principios de un Estado Social y Democrático de Derecho, tal como lo establece el artículo 7 de la Constitución.
De igual forma, apoyaron el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional y urgen a los legisladores a actuar en defensa de los derechos humanos y la justicia social.