La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD)  ordenó la suspensión de pagos a los funcionarios municipales que no han cumplido con la presentación de la declaración jurada de bienes dentro del plazo establecido por la Ley 311-14.

La resolución 0001-2024, emitida el lunes pasado, comunica por parte del ente de control externo del Estado la retención del pago de las remuneraciones destinadas a los funcionarios públicos en puestos de elección popular.

La medida de la presidencia de la Cámara también abarca a los funcionarios ratificados o cesados en sus funciones que han omitido presentar su declaración de patrimonio.

La normativa establece que el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio para funcionarios y servidores públicos, como su reglamento de aplicación  92-16, instituye un plazo de 30 días calendario para su cumplimiento. Para los funcionarios municipales recién electos, este periodo comenzó el 25 de abril, un día después de asumir el cargo.

La circular está dirigida a los alcaldes, vicealcaldes, directores de juntas de distritos, regidores, vocales,  encargados  de compras, directores administrativos, financieros, tesoreros y de recursos humanos, según reza un comunicado de la entidad fiscalizadora.

Recientemente, se llevó a cabo una reunión en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana con representantes de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios, la Federación Dominicana de Distritos Municipales, el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio Público.  El objetivo fue recordarles la obligación legal de presentar las declaraciones juradas de patrimonio y advertirles sobre las consecuencias de incumplimiento, además de resaltar su rol como entidades vinculadas.

En consecuencia, el presidente del Pleno, Janel Ramírez, expresó la disposición de la CCRD para ofrecer asistencia con cualquier consulta sobre la normativa y el uso de la plataforma tecnológica destinada a la presentación de declaraciones, tanto en su sede principal como en cualquier parte del territorio nacional.