La Comisión Nacional de Salud de Alianza País condenó la muerte de 34 recién nacidos en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, y catálogo el hecho como “una lesión a lo más puro e inocente del corazón de la patria”.

Al respecto, la organización política calificó el hecho como una vergüenza nacional e internacional, “que pone en evidencia el caos que ha ocasionado la reformas privatizantes y neoliberales del sector salud”.

A través de un comunicado, Alianza País demandó que el gobierno declare en estado de emergencia el referido centro de salud y todo el sistema sanitario nacional.

También exigió la interpelación ante el Congreso Nacional de las autoridades involucradas; investigar a fondo los casos, e incluir una auditoría forense que permita identificar culpables, pues según dijo hay denuncias de fraude y alteración de diagnósticos, edad gestacional y demoras en la atención.

Además, pidió incluir en la investigación a entidades de la sociedad civil como Insalud, Adesa, Coopsalud, entre otras, para la veeduría social y “un ejercicio de vigilancia y control sobre la gestión pública en salud, con el fin de contribuir con la eficiencia, eficacia, transparencia y mejora de la calidad de la misma”.

El partido manifestó que esta situación no debe quedarse en un simple cambio de funcionarios para que todo siga igual, sino, que debe haber consecuencias que demanda una situación tan grave y trágica como es la muerte de decenas de recién nacidos.

En otro orden, la comisión consideró inaceptables las declaraciones del director materno infantil del Servicio Nacional de Salud (SNS), Martín Ortiz, de que las muertes fueron consecuencia de que un niño infectado que contagió a los demás.

“Eso es una burla a la capacidad científica de la mayoría de médicos que se asocia a una gestión caótica, personalizada y perjudicial. Es claro que en este establecimiento y estos funcionarios carecen de los conceptos básicos del control de infecciones, la transmisibilidad de las enfermedades infecciosas y la epidemiología elemental”, se precisó.

En el documento también se indicó: “Las declaraciones del político y funcionario lo inculpan porque teniendo evidencias de una mortalidad de neonatos en ascenso, no presenta ninguna evidencia de control, omite el proceso de análisis de esas muertes, porque todos los niños no fallecieron el mismo día, ni menciona cuáles medidas se tomaron en la Gestión hospitalaria para detener y controlar la muerte de los neonatos”.