Por definición, la democracia es un instrumento de organización estatal mediante el cual el titular del poder, que es el pueblo, lo ejerce, adoptando decisiones colectivas mediante herramientas de participación directa o indirecta que otorgan legitimidad a sus representantes.
Pero, el término pueblo es equívoco. Dicha confusión viene dada desde el Art. 2 de la Constitución: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”. ¿Qué es el pueblo?, ¿Quiénes lo conforman?, ¿Quiénes ejercen la soberanía y por qué medios?, ¿Qué pueblo o porción de este es que tiene el poder?
Si el Estado se caracteriza fundamentalmente por tener un territorio, organización, estructura de gobierno y gente, cuando hablamos del pueblo dominicano nos referimos a las personas que habitamos en la parte Oriental de la isla La Española y que tenemos un gobierno esencialmente civil, republicano, democrático, representativo (Art. 4 Constitución) y de corte presidencialista. Pero, ¿y los dominicanos de la diáspora? Aunque han abandonado su nación de origen, por razones diversas, siguen siendo dominicanos, con determinados derechos y deberes.
Ahora bien, en virtud de lo que dispone el Art. 22 de la Constitución solo los ciudadanos y las ciudadanas, es decir quienes hayan cumplido 18 años de edad y estén o hayan estado casados, son los que tienen el derecho de elegir y ser elegibles para los cargos que establece la Constitución; decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo; ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por la Constitución y las leyes; formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto; y, denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.
Sin embargo, dichos derechos de ciudadanía se pierden por condenación irrevocable en los casos de traición, espionaje, conspiración; así como por tomar las armas y por prestar ayuda o participar en atentados o daños deliberados contra los intereses de la República (Art. 23 Constitución). Asimismo, dichos derechos de ciudadanía se suspenden en los casos de condenación irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma; interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras ésta dure; aceptación en territorio dominicano de cargos o funciones públicas de un gobierno o Estado extranjero sin previa autorización del Poder Ejecutivo y violación a las condiciones en que la naturalización fue otorgada (Art. 23 Constitución).
Es cierto que el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos es, al mismo tiempo, un deber y un derecho. Pero, primero, es una obligación sin ninguna sanción por su incumplimiento, por lo que constituye una disposición ornamental, sin colmillos, o si se quiere de conciencia o abandonada a la mera subjetividad.
En segundo lugar, votar es un derecho, con lo cual tengo, como otros mayores de edad, que no caigan dentro de las pérdidas o suspensiones de los derechos derivados de la ciudadanía (condición de igualdad), la libertad de acudir a las urnas para ejercer dicha facultad, por cualquiera de los candidatos a las distintas posiciones electivas. De ahí que, por depender el cumplimiento de la obligación y el ejercicio del derecho de las posibilidades o de la decisión individual, ello reduce la participación en los certámenes electorales, con lo que se generan otras causas de abstención electoral, al tiempo de constreñir la noción de pueblo.
A estos se suman los dominicanos que se encuentran viajando o residiendo en el extranjero, en países donde la Junta Central Electoral no tiene centros de votación o que teniéndolos, están impedidos de votar. Asimismo, están aquellos nacionales dominicanos que, aun teniendo la facilidad de votar, a causa del trabajo, enfermedad, ausencia, desinterés o cualquier otra causa, no pueden o no acuden a ejercer dicho derecho ni cumplen con ese deber.
Además, una parte importante de la población está compuesta por niños, niñas y adolescentes (menos de 18 años), quienes no gozan del derecho de ciudadanía y, en consecuencia, no pueden ejercer el poder que la Constitución le otorga al pueblo, lo que comprime una vez más la idea de pueblo, a la que se contrae el texto constitucional.
De igual forma, únicamente una parte de los ciudadanos con derecho a ser elegidos, es decir a ejercer el sufragio pasivo, participan en las elecciones como candidatos. Es imposible que todos los dominicanos participen como tal en certamen electoral. De hecho, los cargos son limitados y aun queriéndolos todos no pueden hacerlo y aunque concurran deben someterse al escrutinio y decisiones internas de los líderes, partidos, agrupaciones y movimientos políticos. También, es posible que decidan no participar, por la razón personal o social que sea. De ahí que por el lado del derecho al sufragio pasivo también se reduce significativamente la posibilidad del ejercicio directo del poder.
A lo anterior debemos sumar que la circunstancia de que las elecciones son cada 4 años. ¿Ejercemos el poder a lo largo de dicho período? Si no somos funcionarios públicos de elección directa o indirecta lo hacemos a través de estos, por delegación, no directamente, diluyéndose con ello nuestra incidencia y poder. Semejablemente, tenemos el derecho constitucional de acudir a un referendo o consulta popular para temas trascendentales que ameritan el consentimiento o el visto bueno de la ciudadanía; pero, a pesar de su consagración en la Constitución de 2010, aun no hemos hecho uso de esos derechos.
En definitiva, por diversas razones, incluidas otras tantas no indicadas antes, no ejercemos el poder más que una parte muy baja de la población dominicana y durante muy pocas oportunidades, lo que dista mucho del ejercicio de la soberanía popular, como la sumatoria total de un pueblo que, por demás es un pensamiento ambiguo. De hecho, pocos, tanto los que ejercemos el sufragio activo como los que llegan a ser funcionarios públicos, por voto popular o por designación, imponemos a la mayoría lo que en realidad es producto de una minoría, con lo que parece quedar en cuestionamiento el vago, impreciso e ininteligible principio de la mayoría, que supuestamente gobierna en democracia.
Sea como sea, el cambio o ratificación de los funcionarios públicos de elección popular depende de los que votemos, de donde podemos inferir que a quienes votemos nos corresponde, en gran medida, la calidad de los servidores públicos que queremos y el destino mismo de nuestro país. La apatía y las ausencias en la mesa de votación son generadoras de abstenciones importantes que implican la falta de ejercicio de la soberanía popular, del poder, que descansa en el llamado pueblo, que parece más bien una expresión ampulosa, difusa y exhorbitante de los limitados miembros del pueblo que, con derecho o sin él, no ejercen el mando.
Ejercer el derecho al voto es más que un derecho, un verdadero compromiso con nuestro presente y nuestro futuro. Con él manifestamos nuestro objetivo de defender, promover y garantizar el ejercicio de los derechos y deberes individuales y colectivos. No hacerlo, además del claro, primigenio y connatural fraccionamiento del poder en el estado actual de la democracia, impide la cohesión social y la construcción de una verdadera opinión pública -no la publicada-, como fuerza motora del desarrollo del país.
Acudamos sin sobresaltos, civilizadamente, al centro de votación que nos corresponde, este próximo domingo para elegir al presidente y vicepresidente de la República como a los senadores y diputados que entendemos mejor representan o representarán nuestros objetivos, valores, principios y cultura, conscientes de que este fin de semana no se acabará el mundo.
Esperamos que los partidos políticos y sus líderes, dirigentes, miembros y seguidores sabrán darnos el sosiego y la seguridad que necesitamos. Pierdan o ganen lo importante es poder convivir en paz y ellos son, en mayor medida, los responsables de nuestra tranquilidad, aún en las diferencias, tan valoradas y necesarias en democracia.