“Hasta que dejemos de dañar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes”. Thomas A. Edison.

 Cuando hablamos del desarrollo de las naciones solemos referirnos al Producto Interno Bruto del país en cuestión, a la modernidad de sus infraestructuras, al aumento de la calidad de vida y del poder adquisitivo de sus ciudadanos, al avance en educación, en tecnología y en el ámbito medioambiental. Y eso está sumamente bien, pues es imposible negar el orgullo que sentimos cuando nos colocan entre las primeras 5 economías en crecimiento de la región o al ser elogiados por la digitalización de nuestro sistema financiero y la transformación digital de los servicios públicos.

 

Ahora bien, ¿puede hablarse realmente de un desarrollo sostenible e integral en un país que, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (publicado en noviembre 22), se sitúa en la segunda nación con la tasa más alta de feminicidios?  ¿O en un país en el que desde el año 2016 al 2022, se reportan unos 184,655 casos de violencia intrafamiliar?

 

Y estas cifras no evidencian la cantidad total de casos que no son denunciados o desestimados por falta de seguimiento de las víctimas. Sumado a ello, en un escenario donde el 41.8 % de las dominicanas de 15 años y más han experimentado violencia en el ámbito de pareja a lo largo de su vida, de acuerdo con el Panorama Estadístico publicado por la ONE.

 

Podemos continuar enumerando otros indicadores que han aumentado en los últimos años en estos aspectos, pero lo cierto es que hasta que no se analice y profundice la data (la misma producida por las instituciones involucradas en la prevención y atención) y procuremos construir soluciones desde un abordaje integral y sólido, es difícil que logremos un cambio en las tendencias negativas de la violencia, por más buenas intenciones que se tengan desde las diversas esferas de nuestra sociedad.

 

La violencia intrafamiliar y de género es un problema de Estado. Y no solo porque representa la pérdida de seres humanos valiosos y, en consecuencia, dejan en la orfandad a los hijos, sino porque es una problemática socioeconómica que afecta la productividad del país, puesto que las personas víctimas de violencia están sumidas en dificultades que inciden en su desempeño profesional, con barreras para concentrarse en el trabajo, relacionarse adecuadamente, poniendo en riesgo sus empleos, lo que merma, a su vez, su capacidad para contribuir a la economía. Además, los costos relativos a las asistencias brindadas, los servicios sociales y la justicia relacionados con la violencia intrafamiliar y de género, incluyen una carga financiera adicional al sistema público.

 

Y si bien desde agosto de 1999, fecha de creación del Ministerio de la Mujer, han sido muchos los esfuerzos gubernamentales para poner fin a este flagelo que, aunque vemos que en el resto de los países va en rumbo decreciente, no es el caso de República Dominicana. Y tristemente, detrás de los lamentados y sonados feminicidios, suele haber una historia de violencia y, en el peor de los casos, un sistema judicial que falló.

 

Es por ello por lo que resulta imprescindible alertar acerca de los daños que está ocasionando la violencia intrafamiliar en el país y medir su impacto real en todos los sectores. Esos daños que son invisibles para muchos, que incrementan la pobreza, que disminuyen el rendimiento, que aumentan el ausentismo laboral, que dejan consecuencias socioemocionales que reducen la productividad y los vínculos personales y, que al final, reflejan una dolorosa realidad nacional, como bien dijo Jiddu Krishnamurti, “la violencia hiere el cuerpo y la mente del que la ejecuta, del que la sufre, de los que lloran, de toda la humanidad. Nos rebaja a todas las personas”.

 

Analizando las cifras al corte del año 2022 y luego de ver el drama nacional que se acrecienta, he realizado un llamado a un pacto país para reducir la violencia social imperante y que a todos nos preocupa, entendiendo que es urgente consensuar, recopilar, analizar y elaborar propuestas que abandonen el carácter reactivo o cortoplacista al que estamos acostumbrados y que en un esfuerzo mancomunado, logremos la verdadera eliminación de la violencia intrafamiliar y de género, elaborando una agenda integral para la convivencia pacífica, la cual debe ser una parte fundamental de los planes priorizados de los Gobiernos, no como compromiso político, sino como una condición sine qua non para el desarrollo del país.