El director del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Villoria, fue invitado a las charlas mensuales del Programa Nacional para la Promoción de la Ética (PROÉTICA) para disertar sobre los vicios de la Administración pública. (Ver en este link: https://www.youtube.com/watch?v=M1r5cOy6oSg&t=567s).
Villoria abordó el problema de como las instituciones se desnaturalizan a partir de las prácticas de sus integrantes, pues, al fin y al cabo, los vicios no son características de entidades abstractas sino prácticas de quienes hacen vida dentro de ellas. Entre estos vicios que socavan todo proyecto de interés común destacó:
La corrupción. El abuso del poder fiduciariamente otorgado para beneficio personal o de un sector particular. Es una traición al ideal del bien colectivo y no se relaciona solo con el dinero usufructuado, sino también con el uso indebido de cualquier bien al que se accede por ocupar una función y que se emplea para fines particulares en detrimento del interés colectivo.
El clientelismo. Es el otorgamiento de privilegios o accesos a servicios estatales no merecidos a cambio de obtener capital político o beneficio electoral.
La ineficacia e ineficiencia. Se refiere al incumplimiento de los objetivos propuestos y, con ello, el despilfarro de los recursos económicos asignados.
La indiferencia. Alude a la actitud burocrática que se expresa en una insensibilidad hacia los problemas de las personas que solicitan un servicio, muchas veces, por un apego a procesos absurdos o que pueden agilizarse con un poco de esmero.
La inequidad. La poca atención hacia el cuidado que requieren las personas con una condición o necesidad especial y que se disfraza de una falsa actitud igualitarista.
Estos vicios constituyen lo que Villoria denomina una “organización depravada”, una institución que normativiza los vicios en áreas claves, convirtiéndolos en elementos constitutivos de una cultura de la que sus autoridades son los principales responsables.
Esa normativización implica la construcción de una percepción colectiva que ve las prácticas no éticas como normales y las socializa, es decir, educa en ellas a cada servidor público que ingresa a la Administración pública.
De esta manera, las instituciones terminan favoreciendo el corporativismo, el apandillamiento de grupos económicos que operan en beneficio particular y en detrimento del interés común.