En el 2023 se cumplió el vigésimo aniversario del lanzamiento de los Principios de Ecuador, una iniciativa de manejo de riesgo adoptada por instituciones financieras a raíz de una serie de políticas ambientales y sociales establecidas por la Corporación Financiera Internacional (CFI). Los Principios parten de la premisa de que los grandes proyectos industriales y de infraestructura pueden generar impactos adversos en las personas y en el medio ambiente y que por esta razón las transacciones de financiamiento de proyectos (“project finance”) requieren de un marco especial para la identificación, evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales.
Dicho de otra forma, los Principios son un esquema voluntario adoptado por entidades bancarias de todo el mundo que participan en financiamiento de proyectos que excedan los US$10 millones y áreas análogas (e.g., algunas entidades ofrecen servicios de asesoría para estructuración de financiamiento de proyectos). No existe una definición delimitada de qué es un “project finance” pero en esencia se trata de un tipo de financiamiento garantizado que suele tener una distribución de riesgos balanceada pero compleja. Estas transacciones se caracterizan porque los prestamistas desembolsan cantidades significantes de créditos a sociedades con poca capitalización (“thinly capitalised”) de recién formación cuyos únicos activos – por lo menos al comienzo – son un conjunto de contratos, permisos y planes que sirven de fundamento a un proyecto. Desde los 1980s, el financiamiento de proyectos ha pasado de ser una disciplina esotérica del derecho y de la banca a ser la forma preferida para financiar todo tipo de proyecto de gran envergadura en todo el mundo incluyendo plantas energéticas, puertos, hoteles y cualquier tipo de proyecto industrial que se preste a ser “ring-fenced” puesto que en un financiamiento de proyecto la garantía es el proyecto en sí y rara vez el acreedor tiene un recurso contra los promotores (salvo en algunos casos como en un fraude).
Con el pasar del tiempo y la creciente importancia de esta disciplina en cuanto a los montos financiados, diversas instituciones financieras se pusieron de acuerdo para fijar el marco común que se convirtieron en los Principios. Hoy en día hay 140 instituciones financieras en 39 países que han adoptado los Principios, incluyendo muchas instituciones claves del área como Ex-Im Bank, Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), FMO y muchos bancos múltiples con presencia global y agencias de crédito de exportación de distintos países. La adopción de los Principios implica una serie de compromisos: los financiamientos otorgados deben cumplir con los lineamientos de los Principios y la entidad financiera debe preparar un reporte anual divulgando los aspectos relevantes de estos financiamientos.
En la práctica esto se traduce a que el prestamista debe agotar una debida diligencia ambiental y social en adición a su debida diligencia tradicional que se limita a aspectos financieros, legales y de riesgo político (ningún prestamista quiere financiar a un potencial “stranded asset”). En este sentido, las entidades financieras proceden a categorizar los proyectos en función de la magnitud de posibles riesgos en cierta forma similar como la normativa dominicana ambiental divide los proyectos por magnitud y emite una autorización ambiental distinta para cada tipo. El tipo de proyecto, en cambio, requerirá otras actuaciones como la inclusión de las comunidades afectadas por el proyecto para que estén informadas del mismo y puedan participar en el proceso como “stakeholders” (al igual como se requiere una audiencia pública bajo la normativa ambiental dominicana para un proyecto de Categoría A o B).
Una vez se agota la debida diligencia ambiental y social – la cual incluirá la identificación de formas de mitigación de los riesgos identificados – las entidades financieras incluirán en los contratos del préstamo una serie de obligaciones accesorias que obligarán al deudor a cumplir con los requerimientos ambientales y sociales de los Principios y también con las leyes análogas del país donde esté ubicado el proyecto. A estos fines es común ver una obligación de que el deudor cumplirá con la remisión de reportes periódicos documentando el cumplimiento con estas obligaciones. En el caso dominicano, salvo circunstancias especiales, el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) que debe ser remitido periódicamente bajo la normativa ambiental suele cumplir con este requisito.
Al margen de la discusión actual tomando lugar en Wall Street sobre la idoneidad de que las corporaciones tomen en cuenta elementos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (“ESG”) al momento de planificar sus operaciones, los Principios de Ecuador aseguran que el financiamiento de proyectos como disciplina se realice de forma beneficiosa para el medio ambiente y los “stakeholders” próximos a los proyectos financiados pues muchas jurisdicciones donde se financian dichos proyectos no cuentan con normativas ambientales modernas (lo cual no es el caso en la República Dominicana). Dicho de otra forma, a través de los Principios de Ecuador se permite el financiamiento de proyectos en jurisdicciones que los necesitan mientras que al mismo tiempo se combaten los riesgos ambientales y sociales a través de un “tying” del financiamiento a las obligaciones impuestas por los Principios.
En definitiva, los Principios de Ecuador constituyen un esfuerzo de la comunidad bancaria internacional para realizar “project finance” de una forma más responsable y sensible ante los riesgos medioambientales y sociales propios de este siglo. Se trata de un verdadero enfoque de “ganar-ganar” que permite a los países más necesitados acceder a créditos internacionales para financiar sus proyectos mientras sus normativas internas se adecuan a los tiempos modernos.