El otorgamiento de la nacionalidad dominicana a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ha merecido nuevamente la atención de muchos en el país. Unos defienden que el presidente de la República le haya concedido ese privilegio y otros hasta piden que sea dejado sin efecto.

Es atribución exclusiva del presidente de la República, conferir, mediante naturalización privilegiada, la nacionalidad dominicana a ciudadanos extranjeros por haber prestado servicios eminentes a la República o haberse distinguido por servicios sobresalientes prestados a la humanidad.

Ni los que se oponen a dicha asignación pueden negar las grandes contribuciones que con su sobresaliente pluma ha hecho Vargas Llosa a la humanidad, tanto a través de sus reconocidas obras literarias como de sus ensayos y pronunciamientos públicos, que incluyen una novela con base dominicana, La  fiesta del chivo, convertida en best seller mundial.

Quienes incluso rechazan la entrega de la nacionalidad dominicana al célebre y mundialmente famoso escritor latinoamericano, al punto de llamarlo traidor y no grato en la R. D., aluden a la supuesta ofensa a la soberanía dominicana cuando, a propósito de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional dominicano (TC) escribió en La Nación, de España, que dicha sentencia “es una aberración jurídica y parece directamente inspirada en las famosas leyes hitlerianas de los años treinta dictadas por los jueces alemanes nazis para privar de la nacionalidad alemana a los judíos que llevaban muchos años (muchos siglos) avencidados en ese país y eran parte constitutiva de su sociedad”.

Concurrentemente con otros profesionales, personalidades e instituciones, en diversos pronunciamientos públicos, incluidos varios artículos de la época -2014- de la referida sentencia, sin copiarlo, he sostenido, como Vargas Llosa, que con la aludida sentencia, “el Tribunal Constitucional, llamado a proteger los derechos fundamentales y defender el orden y supremacía constitucionales, había arrasado con el derecho fundamental a la identidad de dominicanos que, por su origen haitiano –digámoslo claro-, seguirán siendo excluidos y, peor, se les arrebataba su nacionalidad dominicana”.

De igual forma, que “El llamado Tribunal ciudadano, lejos de aprovechar la ocasión para reafirmar su responsabilidad, masacró la Constitución y el sistema interamericano de derechos humanos. En lugar de declarar la inconvencionalidad del artículo 18.3 de la Constitución (CR), que dispone que no son dominicanos los que residan ilegalmente en territorio dominicano, desafía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la cual, a propósito de un caso de condena a nuestro país (Yean y Bosico), dispuso que el estatus migratorio no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad”.

También sostuve que “El TC prefirió complacer a sectores que, para cubrir su irresponsabilidad frente al tema haitiano, propugnan por su invisibilidad, violando los principios constitucionales de jerarquía de los tratados y decisiones de la Corte IDH, derecho de defensa, irretroactividad de la ley, debido proceso y de favorabilidad de los derechos… Más aún, extiende los perjuicios ocasionados a Julia Deguis Pierre, con su desproporcionada, irracional e insostenible sentencia, a quienes se encuentren en su situación desde 1929, con el consecuente despojo masivo de la nacionalidad dominicana”.

Asimismo, consideré entonces que “no es cierto que el Estado dominicano no haya despojado de su nacionalidad dominicana a una cantidad considerable de personas de origen haitiano. Estas tenían sus actas de nacimiento y fueron reconocidas como dominicanas por haber nacido aquí y porque el estatus migratorio ilegal de sus padres no se les transfiere a los hijos, ni es una condición para el otorgamiento de la nacionalidad, como lo ha establecido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eran ciudadanos dominicanos por la Constitución anterior y por la actual”.

En dicho contexto advertimos, incluso, la segura condena que se produciría contra el Estado dominicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por la expulsión de personas haitianas y dominicanas, así como por la desnacionalización de estas últimas, lo cual efectivamente ocurrió y fue dado a conocer en octubre de 2014.

Dicha condena del país se refiere a las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, incluidas niñas y niños ocurridas entre 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos. De igual forma, el caso se extendió, por ser un hecho superviniente, a la sentencia 168/13 y a la Ley 169/14.

Coincidiendo con Vargas Llosa, aún sin proponérmelo, decía entonces que “siento que, por afanes ultraconservadores y de un patriotismo propio de los regímenes más temidos y autoritarios de la historia universal y nacional, el país y con ello nuestras instituciones hayan sucumbido y apisonado los derechos fundamentales que deben garantizar”.

No se trata, pues, de una posición aislada de Vargas Llosa, es la que está consagrada en los instrumentos y organismos internacionales de derechos humanos, a los cuales pertenece nuestro país como la de todos los que creen, defienden y promueven los derechos fundamentales. La defensa de la soberanía no puede implicar el desconocimiento de que los derechos humanos son universales y nos toca a todos defenderlos, tanto aquí como en todo el mundo.

Si en el marco de la famosa sentencia 168/13, Vargas Llosa comparó nuestro TC con los de Nuremberg, cuando el régimen nazi desnacionalizó masivamente a ciudadanos de origen judío, hasta llevarlos, en las peores condiciones humanas conocidas, a los campos de concentración, creo que tenía muy presente que nuestro Estado es democrático y de derecho y, por lo tanto, defensor de los derechos humanos, que por su naturaleza, nos compete a todos defender y donde quiera que ocurran sus transgresiones.

Si un hombre de la talla de Vargas Llosa pide la nacionalidad dominicana y ha puesto mundialmente a través de una de sus obras el país en las miras del mundo, además de elegirlo como su suelo, la decisión del presidente Luis Abinader no ha podido ser más atinada.

Bienvenido, Mario Vargas Llosa, nuestro país gana con su nacionalidad dominicana, ganan los derechos humanos, se beneficia nuestra nación y con ello se compromete, mucho más, con su defensa. Es muy grata su presencia en nuestro país, don Mario, para orgullo nuestro y, más que traidor, con su amor por nuestra patria y la defensa de sus valores constitucionales, usted contribuye y hace propia la promoción de los derechos fundamentales en los escenarios universales.