Este domingo fue proclamada la primera reforma a la Constitución en la República Dominicana en la que un Presidente reduce el poder de dicha institución como resultado de la demanda de los sectores progresistas del país y por supuesto, reivindicando el pensamiento de José Francisco Peña Gómez.
Esta nueva reforma a la Constitución evitará que: en el futuro otros Presidentes intenten mantenerse en el poder, más allá de lo establecido al sumir el mandato, así como fortalecer la independencia del Ministerio Público.
Quienes plantean lo innecesario de la reforma a la Constitución, sólo recordar que todos los gobiernos anteriores o reformaron la constitución o lo intentaron en aras de buscar su reelección, atentando contra la gobernabilidad democrática que tanto ha costado al pueblo dominicano. También recordar el profundo deterioro de la justicia dominicana, como consecuencia de la instrumentalización partidaria del Ministerio Público, como ha sido demostrado en el caso de corrupción que se lleva en contra del ex Procurador Jean Alain Rodríguez.
Así mismo, una sociedad en pleno demandó el fin de la corrupción y la impunidad en las calles de todo el país, por lo que impedir que los intereses particulares asociados al poder político se impongan sobre el estado de derechos que debe defender el Ministerio Público, contribuye con el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Ahora, el reto es fortalecer la democracia más allá del sistema político, lo que requiere de nuevos consensos en materia fiscal. La realidad que arroja el presupuesto del año 2025 es un déficit de – 3.0% con respecto al PIB, lo que impedirá realizar las inversiones necesarias para elevar la calidad de vida de quienes habitamos esta media isla. La encuesta recién publica por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, MEPYD evidencia que la democracia, como forma de gobierno pierde terreno en la sociedad dominicana, como resultado de las desigualdades persistentes.
A lo largo de esta semana pasada, se evidenció que los principales actores de la sociedad dominicana reconocen la necesidad de una reforma fiscal, que preserve nuestra estabilidad macroeconómica, así como cambios en la política económica y social que impulsen una mayor distribución y redistribución de la riqueza, por lo que un consenso inclusivo en materia fiscal sumado a la reciente reforma Constitucional serán la mejor vacuna en contra de la polarización y la perdida de nuestra gobernabilidad democrática.