La República Dominicana posee una gobernabilidad democrática, la que se ha convertido en uno de los principales bienes, cuya escasez en la región Latinoamericana, ha dado al traste con las economías de países tales como Venezuela, Ecuador, Honduras, Argentina, entre otros, pero, sobre todo, redujo la calidad de vida de sus habitantes, generando la expulsión de miles de personas, tanto por razones políticas como económicas.
La gobernabilidad democrática, es el resultado de procesos que derivan en consensos renovables, permitiendo a la mayor parte de quienes habitan un territorio sentirse parte de éste. Es así que más allá de contar con procesos electorales, la renovación de los acuerdos como resultado de importantes movimientos sociales pacíficos, como el “4% para la educación” y “la Marcha Verde” tuvieron como resultado la implementación de políticas públicas concretas, las que, a su vez, contribuyeron al fortalecimiento del sentido de pertenencia de sus habitantes.
Lo anterior trajo consigo la reducción de la impunidad, pero también abrió espacio para viejas y nuevas demandas sociales que aspiran a convertirse en acciones políticas. En la actualidad, la propuesta de una reforma fiscal, que si bien necesaria, ha generado la movilización de diferentes actores y grupos de interés. La respuesta del Estado ha sido abrir los espacios institucionales habilitados para tales fines, como las vistas públicas en el Congreso Nacional y los mismos salones de la casa de gobierno, por donde diferentes grupos han desfilado en pos de la defensa de sus intereses.
Lo antes señalado, me trajo recuerdos de cuando trabajaba en el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, SJ, y participé junto a mi amiga hermana, Rosa Cañete y Pavel Isa, en la elaboración de una propuesta de reforma fiscal en defensa de los intereses de los sectores populares. Hoy, dentro de un gobierno que propone una Reforma Fiscal, no puedo más que reconocer que la naturaleza de cualquier Estado democrático, es ser terreno de disputa de diferentes intereses.
La diferencia es que, por primera vez, estamos ante una propuesta de reforma fiscal real, ya que ata lo recaudado a la inversión en temas claves como el primer nivel de atención en salud y la seguridad ciudadana, entre otros. Así mismo decisiones como la fusión de varios ministerios y la eliminación de un conjunto de instituciones, evidencian el compromiso de elevar la calidad de la inversión pública.
Las decisiones anteriores, como otras, que han elevado los niveles de control y transparencia del gasto público, colocan la discusión de la reforma en un terreno novedoso y la última decisión del Presidente Luis Abinader Corona de retirar el proyecto de ley de Modernización Fiscal, habla tanto del liderazgo democrático que ejerce, como de la madurez política de una sociedad, apropiada de los instrumentos democráticos que posee en la defensa de sus intereses, diversos y a veces en tensión. Sin dudas, este es el momento de profundizar la discusión, a sabiendas de que, si bien, la mayoría queremos avanzar hacia una estructura tributaria en la que paguen más los que más ganan, al final, todos y todas tendremos que pagar.