En la República Dominicana, los desafíos relacionados con la salud mental, la pérdida del asombro y la indiferencia social se han convertido en temas cruciales para el bienestar colectivo. Con el levantamiento de las restricciones pandémicas y el regreso gradual a la normalidad, la salud mental de la población ha sido gravemente afectada. Esta situación se ve aún más complicada por los tabúes existentes en la sociedad, que considera la consulta con profesionales de la conducta o de la salud mental como una forma de degradación social.

Es preocupante que el sistema de salud no considere la salud mental como un componente fundamental para el bienestar y la estabilidad emocional del individuo. Además, los seguros médicos a menudo no cubren ni las consultas ni los medicamentos necesarios para tratar estos trastornos, lo que agrava la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados.

En este contexto, la salud mental, frecuentemente relegada a un segundo plano frente a la salud física, ha adquirido una visibilidad creciente debido a su profundo impacto en la vida de muchas personas. Trastornos como la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático deben ser reconocidos como problemas de salud pública urgentes, dada su magnitud y las serias consecuencias que tienen sobre el bienestar individual y colectivo.

Le sugerimos la formación de una mesa de discusión que reúna a los destacados profesionales en conducta y salud mental de nuestro país.

Según un informe publicado por la policía nacional el 19 de abril de 2023, sostiene una reducción de la violencia, datos que no se corresponden con la percepción de la ciudadanía, a saber, la policía nacional presenta los siguientes datos:

Asaltos (28% en un año, 16% en dos años y 32 % en cinco años); arrebatos (38% en un año, 34% en dos años y 32% en cinco años); hurtos (21% en un año, 5% en dos años y 15% en cinco años); roturas (11% en un año, 11% en dos años y 21% en cinco años); violencia de género (1% en un año, 52% en dos años y 21% en cinco años), y violencia sexual (38% en un año, 58% en dos años y 50% en cinco años).

Asimismo, en el mismo periodo (según la policía) se ha registrado una reducción sustancial de incidencias criminales en las provincias Santo Domingo y Santiago. En el caso de la ciudad capital, en un año los hechos criminales han reflejado una importante reducción de un 27% en un año, de 16% en dos años y un 20% en cinco años. Mientras que, en Santiago, se registró una disminución de un 24% en un año, 26% en dos años y de 12% en los últimos cinco años.

No es necesario ser un experto en salud mental para comprender que el confinamiento, la incertidumbre económica y el temor al contagio durante la pandemia han intensificado el estrés y la ansiedad. En un país donde las bebidas alcohólicas y el uso de sustancias controladas a menudo sirven como escape de la realidad, es comprensible que la tasa de criminalidad, los asaltos a personas e instituciones, los suicidios, la violencia doméstica y los homicidios hayan aumentado de manera espantosa.

Lo más alarmante es que nos enfrentamos a una sociedad que ha perdido la capacidad de asombro. Recientemente, hemos sido testigos de tragedias impactantes, como el hecho de que varias madres hayan quitado la vida a sus propios hijos. Sorprendentemente, estos hechos trágicos no han generado la respuesta adecuada en términos de políticas públicas. A día de hoy, no se ha implementado una estrategia efectiva para fortalecer las estructuras de salud mental en el país. Si no se actúa con urgencia para establecer un hospital especializado en salud mental, que ofrezca tratamiento, seguimiento y asistencia médica a quienes más lo necesitan, y que cuente con los mejores especialistas nacionales e internacionales, corremos el riesgo de enfrentar una proliferación de estas tragedias.

Dentro de ese hospital especializado en salud mental, debería establecerse un instituto dedicado al estudio de la conducta. Este instituto serviría como un centro para la investigación y el registro de estadísticas precisas, facilitando así el diseño de políticas públicas orientadas al bienestar de las personas más necesitadas.

Hacemos un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que incluya en el plan de trabajo de su próximo cuatrienio una estrategia detallada para la creación de una infraestructura integral dedicada a la salud mental. Le sugerimos la formación de una mesa de discusión que reúna a los destacados profesionales en conducta y salud mental de nuestro país. Su participación será crucial para desarrollar un plan efectivo que permita tomar decisiones informadas y con impacto a corto plazo.