El muro que construye la República Dominicana en la frontera con Haití, tiene como objetivo principal controlar la entrada de migrantes. Este tipo de medida es considerada como la prueba simultánea de la integración y la fragmentación de la globalización. Toda vez que funciona como un punto de encuentro entre el individuo y el mundo. Pero a su vez, separa a las personas, dificulta el intercambio cultural y se ve al vecino como un enemigo. Para Michel Agier, convierte a los trabajadores en aliens, las mercancías en contrabando, las culturas en folclore y a los otros colindantes en seres clasificados. Desde esta perspectiva, es un método que fomenta la diferencia, la desigualdad y el conflicto en las relaciones y el diálogo.
Esta medida ha dividido a la sociedad dominicana. Por un lado, hay quienes entienden que el muro es necesario por cuestiones de seguridad y para preservar la identidad nacional. Otros opinan, que se trata de una política retrógrada y poco efectiva para proteger la frontera. Esto debido a que empujará a los distintos actores (traficantes, contrabandistas, inmigrantes indocumentados, etc.) a buscar estrategias (de cruce, de venta, de contacto) que integran el soborno y la violencia. Lo que aumentará la corrupción y la vulnerabilidad en los puestos fronterizos. Además, las personas que no puedan entrar al país vía terrestre, lo harán por el mar. Por lo que estarán expuestas al peligro.
El gobierno deberá diseñar e implementar políticas migratorias objetivas, razonables y que aseguren el respeto de los derechos humanos.
Lo cierto es que construir un muro que va de una costa a la otra del país, es el camino más costoso y menos efectivo para garantizar la seguridad en la frontera. Más aún, en medio de la crisis generada por el COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Encima, la gran parte de las tierras a lo largo de la zona de la frontera pertenecen a particulares, lo que implica el pago del costo de los terrenos expropiados a una cantidad significativa de propietarios. Aún así, el gobierno deberá diseñar e implementar políticas migratorias objetivas, razonables y que aseguren el respeto de los derechos humanos.