Es hora de que el sistema educativo dominicano deje la costumbre de presentar pretextos para no lograr los resultados que se requieren. Es inaceptable que los pactos educativos estén llenos de demandas de mejoría material para los actores y ninguna meta de mejoría de los resultados.

Por muchos años, se atribuyeron los malos resultados al bajo presupuesto que asignaba el Estado. Eso cambió, gracias a una ardua lucha de varios sectores que tomó trece años. Con un presupuesto en el 2022 de 231,147 millones de pesos y una matrícula que ronda los 2. 4 millones de estudiantes en los niveles preuniversitarios del sector público, la inversión bruta por estudiante supera los 100 mil pesos en este año. Se pueden hacer cálculos más exactos, algunos pocos servicios también sirven al sector privado, pero no alteran mucho este número. Esto nos dice que un alumno del sector público tiene un costo a nivel de colegios privados de clase media. ¿Porque entonces no se avanza en la mejoría de la educación de los pobres?

Todos los que hemos pagado colegios privados para la educación de nuestros hijos sabemos que los padres y madres son, de manera directa o indirecta, un importante factor de vigilancia y negociación de los resultados. Tratamos de buscar colegios que nos ofrezcan y garanticen ciertos niveles de calidad y que ésta se refleje en el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de nuestros niños. Si esto no se produce, si nos quejamos y no nos hacen caso, podemos tomar la decisión de irnos a otra institución educativa, dentro del marco de nuestras posibilidades económicas. Muchas familias hacen grandes sacrificios para pagar escuelas que tengan una calidad aceptable o superior y asegurarles a sus hijos el mejor legado que se les puede dejar.

¿De dónde salen los directivos y docentes de los colegios privados? Salvo excepciones, vienen del mismo sistema educativo dominicano, no son personas de otros planetas o de países desarrollados, por lo general son dominicanos como los de las escuelas públicas. Pero hay varios factores que caracterizan al entorno de trabajo de los colegios privados, lógicamente variables en función de su categoría social:

  • Los directivos y docentes son contratados de forma personalizada por los dueños de colegios, quienes están interesados en vender un servicio con cierta calidad, de la cual va a depender su precio.
  • Los directivos y docentes no pueden ausentarse de sus aulas por razones políticas, demandas laborales, actividades gremiales u otras razones, sin que esto tenga alguna consecuencia.
  • Los “clientes” de los colegios privados son, por lo general, padres y madres que saben aquilatar la relacion que hay entre lo que ellos pagan y lo que les entregan con la educación de sus hijos.
  • Por tanto, cada maestro o directivo sabe que sus ingresos y estabilidad laboral dependen directamente de sus resultados educativos. Si estos son muy malos, lo mas probable es que no puedan mantener su trabajo. Como en cualquier otra profesión, se responsabilizan por su propia capacitación y mejoría.
  • Las familias que pagan por educación privada están en mejores condiciones o son mas propensas a garantizar ciertas condiciones en sus hogares, supervisión, exigencias y expectativas de calidad que estimulan y presionan para que los hijos cumplan.

En términos generales, estas condiciones no se dan en la educación pública, donde las responsabilidades y exigencias se diluyen en una masificación, politización  y falta de rendición de cuentas que no aplica consecuencias. Por décadas, los servicios públicos en República Dominicana han sufrido esta condición de desamparo. Por eso, la clase alta y media, para tener una mejor calidad de vida ha tenido que procurarse sus propios servicios individuales de educación, salud, electricidad, agua, seguridad, transporte. Se ha trabajado en algunos de estos servicios y han mejorado, pero está muy lejos el tiempo en que podamos confiar en los servicios públicos, sin tener otra alternativa a manos.

La educación es uno de los ejemplos más dramáticos de esa práctica de malos servicios. Si los funcionarios públicos y las personas pudientes enviaran sus hijos a las escuelas públicas, otra cosa sería. De hecho, miles de maestros inscriben a sus hijos en colegios privados.

La realidad es que son escasas las posibilidades de que las familias de bajos ingresos se constituyan en grupo de presión para empujar hacia arriba la calidad de la educación. Esto lo tiene que hacer el Estado, quien esta llamado a constituirse en defensor de los niños y niñas, en beneficio de quienes el pueblo dominicano está haciendo una alta inversión. Una parte de la clase media, del empresariado y otros sectores han clamado y luchado por una mejor educación, pero hasta ahora el Estado no ha asumido la responsabilidad que le corresponde.  No esperemos las próximas evaluaciones para rasgarnos las vestiduras, todo indica que por el camino que vamos no habrá mejoría.