Uno de los acontecimientos más decisivamente positivos para la cultura y tantas otras dimensiones de la vida nacional lo constituyó, a no dudarlo, la emigración de los refugiados españoles a la República Dominicana de 1939, producida, porque así es la vida de paradójica y dialéctica, como resultado de la caída de la república en España y con ella el drama terrible de la guerra civil, o “incivil”, como la denominara Don Miguel de Unamuno y la consiguiente entronización en el poder del bando encabezado por el general Francisco Franco Bahamonde.
José Almoina, al describir la composición de tan singular cohorte migrante, afirmaría: “…la República Dominicana, desde el punto de vista demográfico-económico, necesitaba tan solo agricultores. Ahora bien, de los españoles que llegaron a Santo Domingo creo yo que no había arriba de cien campesinos con inclinación al trabajo de la tierra. Eran en su mayoría intelectuales…”.
Esta afirmación de Almoina se constata fácilmente desde que se analiza el perfil de los primeros seis refugiados españoles que a partir de abril de 1939 llegaron al país: Francisco Martínez Alvez, nacido en Almería, capitán de radio-telegrafía; Diego López Gallero, nativo de Jaén, capitán de ametralladoras; Víctor del Pino Gil, un madrileño capitán de carabineros, Antonio Cistre Cularons, barcelonés, un mecánico de aviación; León Fernández Cámera, natural de Vitoria, miembro de la guardia de asalto y José Gutiérrez Álvarez, natural de Cádiz.
Con los intelectuales españoles llegaron nuevas ideas y los mismos encontraron nuevos cauces para trasmitirlas, a pesar de la asfixia totalitaria imperante. Para el régimen dictatorial de Trujillo, esto no dejaba de ser un fuerte dolor de cabeza. De ahí que fiel a sus métodos, viera con manifiesta ojeriza cualquier intento de asociación de este colectivo migrante y sus propósitos de integrarse.
Tanto en Santo Domingo como en Santiago y otras latitudes del país los españoles comenzaron a unirse. Y era notorio su dinamismo y pujanza como variado el espectro de los grupos políticos de filiación republicana que poblaban el país: “La Junta de Liberación Española”, liderada por Rafael Supervía Zahonero; el grupo socialista español, presidido por Agustín Cortés Martínez; la Unión General de Trabajadores de España, por Ramón Camino Vásquez y Luis Romero Vásquez; Izquierda Republicana, por Alfredo de la Cuesta Marín y José Atoche Andre; la Confederación del Trabajo de España; los grupos gallegos autónomos, presididos por Ramón Suárez Picallo; los vascos, liderados por Jesús de Galíndez, entre otros.
Estudiar la incidencia de los intelectuales españoles en la articulación de la organización obrera y los grupos políticos clandestinos a partir de 1940 en la República Dominicana es tarea más que apasionante; no obstante, en lo que toca al presente artículo, nos centraremos en un hecho concreto, como expresión de la actitud de desconfianza del régimen de Trujillo hacia los españoles que comenzaban a organizarse tras su arribo al país.
El 29 de enero de 1943, mediante una orden motivada del Ministerio de Interior y Policía, que entonces dirigía el destacado intelectual Manuel Arturo Peña Batle, a través del entonces gobernador de Santiago, don Salvador Cocco, se dispuso el cierre del “Centro Español Democrático”, de Santiago de Los Caballeros.
Bajo la presión, el de Santo Domingo, había decidido poner fin a sus actividades, aunque el régimen alegara que en ello habían influido las instrucciones que el mismo recibiera desde el exterior. Poco después, Trujillo decidiría su reapertura, lo que motivó una carta abierta de los directivos del clausurado centro de Santiago solicitando se le hicieran extensivos los beneficios de tal disposición.
Es en el marco de dicho pedimento, que Peña Batle hace pública una carta, fechada el 8 de abril de 1943, justificativa del cierre que había dispuesto tres meses atrás.
La misma, por tratarse de un documento poco conocido, se transcribe íntegra, a continuación.
“Señores
José Montalvo, Rogelio Rodríguez y Mariano Ramírez
Santiago de Los Caballeros Ciudad Trujillo, D.S.D
8 de abril de 1943
La clausura del “Centro Español Democrático” de Santiago obedeció a orden motivada de esta Secretaría de Estado debidamente transmitida a esta Asociación en fecha 29 de enero de 1943 por el señor Gobernador Provincial de Santiago.
La responsabilidad completa de aquella medida recae sobre este Despacho y es por ello por lo que me dispongo a contestar la carta abierta que el 31 de marzo último se permitieron ustedes dirigir al Excelentísimo Señor Presidente de la República en relación con este asunto.
El denominado “Centro Español Democrático” de Santiago se instaló y funcionó al margen de la ley que en nuestro país reglamenta el derecho de asociación para dominicanos y extranjeros. El grupo de personas que gestionaron la instalación de esa sociedad no cumplió ni uno solo de los requisitos que exige la Ley No. 267 del 10 de mayo de 1940, para tales casos, ni después se preocuparon ustedes en ningún momento de dar cumplimiento a las exigencias que podían legalizar el funcionamiento de un centro, que por la naturaleza misma de sus fines cae de plano dentro de las previsiones reglamentarias.
Esa sola circunstancia hace irrecibible la demanda de ustedes y de todo punto indeseable el mantenimiento de una sociedad de extranjeros que no ha satisfecho deberes elementales de acatamiento a la ley, ni animado sentimientos de mera cortesía para la comunidad que les ha abierto sus puertas en cordial acogida que en muy pocos países encontraron los españoles emigrados por razones políticas después de la guerra civil.
En el fondo de las cosas lo que ustedes pretenden es que el Gobierno dominicano les conceda el exorbitante derecho de poder asociarse en el país, con fines visiblemente políticos, sin sujeción a la ley, sin respeto a las normas que en la República Dominicana norma ese derecho y sobre todo sin tener en cuenta el discrecional poder de vigilancia que sobre cualesquiera actividades sociales que se desarrollen en el país tiene el Estado Dominicano como atributo elemental y primario de su soberanía.
Con lo que dejo expuesto bastará para desacreditar la molesta actitud de ustedes, pero, eso no obstante, me voy a permitir tocar algunos puntos contenidos en su Carta Abierta al Ilustre Jefe del Estado.
La presencia misma de ustedes en este país, y la de todos los refugiados políticos europeos que hoy conviven con nosotros es una prueba palmaria del amplio y elevado espíritu con que el generalísimo Trujillo contempla los problemas de la democracia en el mundo. Ustedes vinieron a la República Dominicana desde hace algunos años y aquí han convivido sin dificultades, sin molestias, sin requerimientos, y sin que se les haya coartado uno solo de los derechos individuales que garantiza la Constitución Política del Estado a propios y a extraños, aún en tiempos tan calamitosos y anormales como son los que ahora atravesamos.
La ayuda oficial no ha tenido tasa para ustedes y un gran número de inmigrantes europeos se encuentran hoy disfrutando de posiciones gubernativas generosamente remuneradas.
Con toda probabilidad es esa franca actitud del Gobierno Dominicano la que los ha motivado a ustedes a pretender y pedir derechos que no le fueron otorgados ni en su propio país. Sólo así se explica la infamia de hacer pública denuncia de que existen en este país actividades quintacolumnistas para atribuir a esas actividades la clausura de un centro que se ha cerrado, como lo expresa con toda claridad la orden impartida por el infrascrito, sólo en vista de la flagrante y grosera violación a la ley con que ese centro desenvolvía sus actividades.
Sólo así se explica, repito, el que ustedes se apropien el privilegio de ser los mejores sostenedores de la democracia en un país que como el nuestro ha puesto todo lo que tiene al servicio de las necesidades de las Naciones Unidas y que no ha vacilado un solo instante en confundir su causa, su suerte y su destino con los de aquellos pueblos que han hecho de la libertad y del respeto recíproco norte de su acción de guerra en momentos cardinales para la historia de la humanidad.
La unánime opinión de los dominicanos está expresada y orientada en favor de las democracias combatientes, por obra, precisamente, de la labor gubernativa de su Líder, el Presidente Trujillo, y de la afanosa consagración de éste al ideal que las Naciones Unidas defienden en el campo de batalla.
Esa homogeneidad de opinión, que es un apreciable aporte del insigne mandatario dominicano, al esfuerzo de guerra en que todos estamos empeñados, no puede ser puesta en entredicho por la díscola actitud de extranjeros que ni siquiera han tenido el tacto de comportarse a la altura de la hospitalidad que se les ha ofrecido en un país ajeno a las pasiones y a los odios de que hacen ustedes pública manifestación entre nosotros.
El Gobierno dominicano no está dispuesto a inhibir sus atributos esenciales y fundamentales de la soberanía nacional, renunciando al poder policial de vigilancia que a todo Estado Libre le confiere su mera condición de tal. El cumplimiento de la ley obliga a los extranjeros aún más que a los naturales y el querer eludirla no hace honor a nadie que haya venido de fuera en busca de protección y ayuda que aquí encontró sin medida.
Estas explicaciones no tienen por objeto, claro está poner en discusión ni en tela de juicio una orden que con toda autoridad legal e institucional impartió esta Secretaría de Estado para poner fin a un estado de cosas francamente perjudicial a la armonía en que vivimos los dominicanos y perturbador del esfuerzo con que Gobierno y pueblo estamos afrontando los problemas que nos ha creado el estado de guerra actual.
Lo que he querido es no silenciar la indignación que ha causado en nuestro espíritu la insidiosa, malsana y sistemática labor de disociación a que se han entregado algunos elementos maleantes de la inmigración española a que hemos venido dando asilo desde 1939.
Esta carta tiene, además, por finalidad hacerles saber a ustedes la disposición del Gobierno a no soportar nuevas intrusiones de extranjeros en la vida social del país y a no permitir otras actividades colectivas de grupos de exiliados que no sean aquellas que se desarrollan en acuerdo con las normas de circunspección y de respeto que imponen las leyes nacionales y el orden con que los dominicanos todos estamos entregados al cumplimientos de nuestros deberes privados y públicos.
Para asegurarles a los españoles residentes en el país el más amplio manejo de sus necesidades comunes, fue, precisamente, para lo que el Gobierno dominicano permitió la reapertura del Centro Democrático Español de Ciudad Trujillo con todas las facultades necesarias para el buen entendimiento de todos aquellos miembros de la inmigración política hispana que tuvieran necesidad de un centro como ese para llenar la personal actividad de cada uno de ellos.
Este Despacho estima que para tales fines basta la organización mencionada y que ningún propósito laudable existe en querer multiplicar grupos que de por sí no significan ventaja alguna para la comunidad dominicana.
Esta carta tiene, por último, el propósito de advertirles que desde ahora queda sujeta a la personal responsabilidad de cada uno de ustedes toda medida de represión que en lo sucesivo sea necesario adoptar para dar término a cualesquiera actividades públicas u ocultas con que ustedes quieran hacer ineficaz el propósito mantenido por esta Secretaría de Estado.
M.A. Peña Batle
Secretario de Estado de lo Interior y Policía
Al momento en que escribo estas notas, no dispongo, penosamente, de un ejemplar de la interesante obra que sobre la historia del centro español de Santiago escribiera Don Joaquín Fernández, uno de sus socios fundadores, y que según me informan, abarca hasta la década de 1990.
En la página web del Centro Español de Santiago se indica que el mismo fue fundado en 1965. Habría qué precisar, y presumo que el libro de Don Joaquín arroja luz a este respecto, el vínculo de continuidad existente entre el efímero centro español democrático clausurado en 1943 y el que vería la luz 22 años después.