El poder ejecutivo ha sometido a través del Senado de la República un proyecto de ley que abre el camino a la acogida de inmigrantes víctimas de trata de personas y explotación y vemos con preocupación que muchos de nuestros legisladores parecerían no estar conscientes de lo que esto representa, de las implicaciones que esto realmente tiene para nuestra soberanía.

Recuerden que el año pasado el presidente Luis Abinader no firmó la declaración de Los Ángeles sobre migraciones que establecía un compromiso para establecer y fortalecer un programa de asilo en cada uno de los respectivos países firmantes. Acción que fue respaldada por el pueblo dominicano y que obviamente, al parecer, ha traído presiones internacionales al gobierno dominicano.

Parecería ser que poderes internacionales están maniobrando ahora a través de instituciones locales que lamentablemente se estarían prestando a elaborar proyectos nocivos al interés nacional y en un aparente y preocupante descuido han sorprendido a la consultoría jurídica del poder ejecutivo y al propio presidente.

Digo que es preocupante porque el presidente Luis Abinader se ganó el apoyo del país con su política de afirmar en todos los foros internacionales que no habrá una solución dominicana al problema haitiano porque la solución tiene que ser internacional. Esa actitud del presidente Abinader ha generado un movimiento de respaldo a esa posición del gobierno dominicano, pero vemos como antes que buscar soluciones en Haití pareciera ser que la Comunidad Internacional busca prolongar más aquella crisis que se vive allí y acelerar el traslado masivo de población haitiana hacia República Dominicana.

El poder ejecutivo debería retirar ese proyecto de ley mediante el cual el gobierno de la República Dominicana se obliga a darle residencia permanente a cualquier inmigrante que se apersone al territorio nacional con el alegato de persecución política o de que su vida corre peligro. Sin hacer preguntas, sin indagar si esa persona ciertamente está en las condiciones que dice, el gobierno dominicano se compromete en virtud de ese proyecto de ley que está proponiendo, pero que aún no ha sido aprobada, a darle todas las garantías de permanencia, garantizándole la residencia permanente.

Además, el gobierno dominicano se compromete a asumir el costo de todos los gastos de estas personas en temas como alojamiento, alimentación y salud, entre otros e incluso asumir el pago de toda la documentación necesaria para la obtención del permiso de residencia permanente.

Uno observa las reacciones que se están generando en toda la sociedad dominicana, en las redes sociales y en los medios de comunicación convencional contra esta iniciativa del poder ejecutivo, provocando sin proponérselo una situación que podría llegar a ser explosiva, fundamentalmente porque estamos en los comienzos de una campaña electoral que exhibe características de que podría ser bastante confrontativa.

El gobierno no gana nada con que ese proyecto sea convertido en ley porque el compromiso que asumiría no lo asume ni siquiera con los propios ciudadanos dominicanos porque hay muchísimos dominicanos que desearían para si ese mismo tipo de protección que en virtud de ese proyecto el gobierno dominicano les daría a los inmigrantes por el mero hecho de llegar hasta la República Dominicana y sencillamente decir: yo estoy siendo objeto de persecución política o me quieren vender como un esclavo. Porque el gobierno se prohíbe a sí mismo en ese proyecto de ley hacer las indagatorias de lugar, de “esa realidad” que le está presentando el que esté solicitando acogida.

Les prohíbe incluso, a las autoridades dominicana devolver al país de origen o de procedencia a esas personas que alegan ser objeto de algún tipo de persecución que pone en riesgos sus vidas. Algo que puede generar confrontaciones innecesarias precisamente en momentos en que nos acercamos a una campaña electoral y es que el mismo nombre del proyecto de ley confunde tratando de condicionar en uno, una respuesta positiva al mismo. Retirar ese proyecto de Ley del Senado de la República podría contribuir a aliviar las tensiones que se han ido generando en su entorno, además ese proyecto tiene el potencial de poner en peligro un eventual proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader.

Ojalá y esta humilde-reflexión sugerencia no sea vista como una intromisión en los asuntos del poder ejecutivo porque nada más lejos de eso. Lo que estamos tratando es advertir, para evitar el potencial explosivo de esta situación que hemos estado percibiendo en los distintos sectores de la sociedad dominicana, desde que se empezaron a conocer detalles del texto de ese proyecto de ley.

Porque el gobierno dominicano no debe ni puede mediante su propia iniciativa comprometerse a atender las necesidades que surjan de la aplicación de ese proyecto de ley para toda persona que llegue a la frontera sintiéndose perseguido en términos políticos porque es un absurdo proverbial.

Prefiero entender que ese proyecto de ley no es de autoría dominicana, sino que parecería ser el resultado de una presión internacional. De esa misma comunidad internacional que no quiere hacerse responsable de la situación en Haití y prefiere no imponerle a República Dominicana algo que sabe muy bien que el pueblo dominicano rechazará de manera determinante por lo que ha preferido que sea el propio gobierno dominicano el que se autoimponga a sí mismo esta obligación a través de una ley propia.

Es muy probable que no se haya analizado el alcance, ni las repercusiones, ni tampoco el daño que se hace el gobierno así mismo con este proyecto de ley, pero también a toda la nación porque se estaría implícitamente destruyendo la tranquilidad y el sosiego de que disfruta la República Dominicana poniendo en peligro todo lo que hemos construido desde el año 1844 hasta el presente.

Si ese mamotreto de ley se aprueba así, la avalancha de decenas de miles haitianos indocumentados que vendrían a vivir a la República Dominicana sería catastrófico en el entendido de que aquí podrían conseguir las oportunidades que no podrán encontrar jamás en su propio país. Debemos seguir siendo solidarios sí, pero sin destruir nuestro adorada República Dominicana. Sugerimos humildemente que ordene retirar ese proyecto de ley presidente.