El trágico evento fue producto de faltas graves de gestión del territorio evidenciadas, entre otras, en el descontrol en relación a los usos de suelo permitidos, la falta de supervisión municipal, la falta de planificación del espacio urbano y sobre todo la falta de compromiso, por omisión o comisión, de las autoridades con cumplir con las leyes y reglamentos existentes.
Lo ocurrido en San Cristóbal es una muestra, dolorosa, de la situación de desorden que impera en nuestras ciudades y pueblos. El trágico evento fue producto de faltas graves de gestión del territorio evidenciadas, entre otras, en el descontrol en relación a los usos de suelo permitidos, la falta de supervisión municipal, la falta de planificación del espacio urbano y sobre todo la falta de compromiso, por omisión o comisión, de las autoridades con cumplir con las leyes y reglamentos existentes.
Sistemáticamente se ha dicho, hemos dicho-me incluyo- que necesitamos un mejor y más actualizado marco legal en términos de planificación territorial y urbana, cuando lo cierto es que si se hubiera cumplido con las leyes y normativas vigentes tuviéramos unas mejores ciudades. Ingenuamente hemos creído que la nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suel sería la panacea para la organización de las ciudades y los campos; y ciertamente el logro de la promulgación de esta ley es un paso muy importante, pero no suficiente, en el esfuerzo que se hace para conseguir organizar los espacios urbanos y rurales dominicanos y viene a sumarse a un marco legal existente compuesto por un conjunto de leyes y normativas y una serie de instrumentos de planificación y planes territoriales y urbanos para las diferentes escalas de planificación.
En efecto, desde 1939 cuando Trujillo contrata al arquitecto español Bernardo Giner de los Ríos, ex ministro de Comunicaciones y Transporte del gobierno republicano español para la realización del Plan Director de Ciudad Trujillo, para la ciudad de Santo Domingo se han realizado el Plan Vargas Mera Solov, de 1955, el Plan Regulador Padco-Borrell de 1978, el Plan Director de Santo Domingo de las consultoras italianas Metropolitana Milanesa y Electro Consult de 1990, el proyecto de Santo Domingo 2002 ( que no fue un plan sino una serie de proyectos muy bien articulados que respondían a 28 problemáticas identificadas en la ciudad), el Plan Indicativo de la Zona Metropolitana de Santo Domingo formulado por el antiguo Consejo Nacional de Asuntos Urbanos CONAU en el 2007, el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional de 2019. Ninguno se ha implementado y siempre por la misma causa: falta de voluntad política, falta de compromiso, además de la falta de recursos.
En muchas ocasiones un cambio de administración ha tronchado la implementación de planes y proyectos formulados simplemente por no querer reconocerlo como de la administración anterior, como ocurrió con Santo Domingo 2002.
De esta forma nuestras ciudades se han desarrollo en base a la llamada “discrecionalidad” de las autoridades, que pueden ser desde el alcalde o el director de planeamiento urbano hasta el Concejo de Regidores, que se ha atribuido la competencia de aprobar proyectos.
Uno de los aspectos más destacados de la planificación, y de alguna manera es el que se evidencia en el desastre de San Cristóbal, es el de los usos de suelo permitidos, definidos en la ley de ordenamiento territorial, que es una ley orgánica, pero que debe implementarse por las autoridades municipales que deben darse sus normativas referenciadas a la ley de ordenamiento. En la realidad y aún los ayuntamientos tengan sus normativas particulares, es una práctica cotidiana que el permiso de usos de suelo se otorga sin cumplir a lo que dicen las leyes y las normativas y que una vez otorgado no existe una supervisión efectiva.
Visto así la problemática de la planificación territorial y urbana, se debe, además de actualizar y mejorar el marco jurídico, buscar una manera de comprometer a las autoridades a que implementen los planes y apliquen las normativas. A que se consignen en los presupuestos, nacional y municipales, más recursos a las áreas de planificación y de prevención y mitigación de desastres, que son áreas sustantivas para la seguridad ciudadana y la mejoría de la calidad de vida de toda la población dominicana.
Ante esta realidad proponemos la realización de un Pacto por la Ciudad, como se ha hecho con el Pacto del Agua, suscrito por los actores tanto del sector público, como del sector privado y comunitario, donde se comprometan a cumplir con las leyes y reglamentos urbanos con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Este pacto debe redactarse con la participación de la comunidad, los empresarios y las autoridades del gobierno central y los gobiernos locales, además de las academias, que tiene una capacidad instalada de profesionales de la planificación, y debe ser apoyado por los partidos políticos.
De esta manera se podría lograr ese compromiso de las autoridades con el cumplimiento de las leyes y reglamentos y se evitarían otros desastres como el de San Cristóbal.
Creo que este es un momento oportuno, cuando todos nuestros corazones están con San Cristóbal.