El temor a la violencia y a la guerra ha sustituido en los ciudadanos de todos los países de la tierra, habitada por seres humanos, el derecho a soñar con la esperanza y el derecho a vivir en armonía y paz.

No se trata solo de las potencias más grandes del mundo, sino que esto ha estado afectando a toda la convivencia humana hasta en las aldeas más pobres del planeta.

Por asunto del absoluto poder comunicacional de las potencias, pudiera darnos la impresión, si el análisis no es correcto, de que sólo esto está ocurriendo en las naciones y pueblos denominados, impropiamente, tercermundistas; sin embargo, la peor incertidumbre la están viviendo, desde el punto de vista social, político, económico y psicológico, las personas que viven en el corazón de las potencias.

En Estados Unidos, por ejemplo, se está produciendo, desde el punto de vista humano, un ambiente insospechable y creciente de la peor incertidumbre en toda su historia republicana.

La verdadera razón de lo que decimos, anteriormente, se debe a una crisis de la sociedad estadounidense. Ésta es multifactorial y genera constantemente violencia en cualquier lugar de su territorio, especialmente en las escuelas públicas y otras áreas donde se congregan masivamente seres humanos.

Las frustraciones individuales, motivadas por la crisis política, económica, social y moral, derivan en acciones violentas personales que afectan a esa sociedad.

Las nuevas medidas, ya en proceso de ejecución, para deportar a los inmigrantes, crearán un vacío irreparable en la economía estadounidense y en la propia psicología ciudadana.

La tolerancia de los jefes de Estado, históricamente, con los inmigrantes no se debe a humanismo alguno, sino a la plena conciencia que ellos han tenido sobre el desajuste económico, político y social que puede generar un proceso de deportaciones masivas de las personas inmigrantes en cualquier país.

En ninguna nación del mundo, nadie podrá reemplazar el trabajo productivo y la riqueza que éste crea en las economías de nuestros países. La mano de obra de los trabajadores, nacionales o inmigrantes, crea un sistema y una dinámica sociológica en la producción de bienes y servicios que no la sustituye ninguna ley ejecutiva ni ningún decreto presidencial.