En algunos países, socorrer a la población se ha convertido en un ejercicio vergonzoso de empobrecimiento y humillación de la gente asistida. Cuando de lo que se trata es de acompañar a las personas en dificultad, para que trasciendan y superen la asistencia.
Es necesario organizar la Asistencia Social en sociedades como la nuestra, dado que el crecimiento económico no se derrama en la población, y los vaivenes de la economía traen inesperados cambios de una categoría con la llegada de nuevos pobres, y la dificultad de superar el círculo de la pobreza.
Los Estados están obligados a racionalizar la asignación de ayudas y subvenciones, sin caer en las dádivas vergonzosas del clientelismo y manipulación de la gente.
La falta de programas inteligentes y organizados puede ser muy peligroso para la ayuda social, en una sociedad en la que cada incumbente pretende tener su pequeño predio de ayudas, bajo la etiqueta de asuntos sociales. Esto se observa en el caso de instituciones como el Congreso, donde los senadores cuentan con un fondo social (“Barrilito”), que les permite otorgar ayudas a discreción, constituyéndose en hacedores de milagros para captar clientes, manejando millones anuales, derramados en diferentes acciones – desde la preparación de habichuelas con dulce, hasta pagar un sepelio.
En el país operan diversos programas, dirigidos a la población, encabezados por el gabinete social: el trabajo de las ayudas se caracteriza por la dispersión, duplicidad, desconexión interinstitucional e interferencias.
Cabe destacar que, en el complejo universo de las ayudas, surgen falsos mecenas, salidos del crimen organizado y de la actividad política.
Una institución que regule, ordene y unifique el trabajo social de todos los organismos involucrados en ayudas sociales, permitiría una real eficacia, definiendo el rol de las ayudas sociales del Estado, con una protección social moderna, a la altura de los retos estructurales que enfrenta el país – garantizando el acceso al ciudadano como un derecho, y no como prebenda.
Cuando el ejercicio de la ayuda se produce por algún actor social carente de referentes éticos y morales, se compromete al receptor de la ayuda con el donante. Esto permite mejorar imágenes y reputación de dudosos individuos, creando lealtades hacia especies de “Robin Hood” urbanos que asumen tareas que competen a los Estados: asisten con pequeñas donaciones, son verdaderas caricaturas de lo que deben ser las ayudas puntuales de Estado para ciertos casos – siendo el ejemplo más reciente e ilustrativo, Kiko la Quema, y el papel que jugó el delincuente en su comunidad, siendo enterrado como un héroe, tras ser acribillado por la policía.
El manejo indiscriminado de las ayudas por actores diversos del oficialismo impide que las ayudas precisas realizadas por los gobiernos se vean con efectividad, ya que se diluyen en el accionar clientelar de individuos, a los que no les interesa mejorar las condiciones de su comunidad… Sólo les interesa captar simpatías, producto del populismo clientelar practicado desde hace algunas décadas en el país.
El actual gobierno ha implementado una serie de medidas sociales para acompañar a la ciudadanía y ha dado continuidad a acciones generadas por otras administraciones, que junto a la sensibilidad que el presidente Luis Abinader ha manifestado en torno a problemas sociales álgidos para la ciudadanía – como la paternidad irresponsable, o el rol de la mujer en el desarrollo del país -, nos hacen pensar que el esfuerzo debe estar orientado hacia la familia, la mujer, la infancia y los envejecientes, lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional unificado.
La creación del Ministerio de Asuntos Sociales permite dar un manejo integral articulador en una sola institución, que evalúe y regule el accionar de programas e iniciativas dispersas y duplicadas. La cohesión institucional permitiría además superar una de las graves debilidades de nuestra Administración Pública, la duplicidad de funciones, y la dispersión institucional, eliminando así los programas ejecutados por diversas entidades, sin vínculos, ni articulación.
Los grandes beneficios de crear un Ministerio de Asuntos Sociales serían dar un enfoque sistémico e integral, que permita la aplicación de los programas para combatir la pobreza y desigualdad, con mayor transparencia en la ejecución, frenando así la corrupción.
Por último, la creación de un Ministerio de Asuntos sociales eleva la condición del ciudadano en dificultad social y económica, lo saca del rol de asistido, llevándole a la condición de protegido por el Estado – recordando siempre que el exceso de ayudas socava la voluntad de superación.