Recientemente, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció que la deuda acumulada en Norteamérica ya totalizaba unos 30 trillones de dólares. La cifra dada a conocer este pasado martes 2 de febrero del corriente, en palabras de Alan Rappeport, reportero del New York Times, representa “un ominoso hito fiscal que puntualiza la frágil naturaleza de la salud económica de la nación a largo plazo”.  No obstante la gravedad de la noticia, la misma no sirvió como base para un gran debate nacional en torno a las posibles consecuencias de lo que muchos ya han catalogado de orgía, borrachera, atascamiento o desenfreno de endeudamiento en el país.

El citado anuncio se produce en momentos en que el país todavía continúa sorteando los embates de una pandemia que ya ha causado mas de 900,000 víctimas.  Un gobierno central, encabezado por el mandatario Joe Biden que se apresta con pasos agigantados a involucrar EEUU en un conflicto bélico de proporciones incalculables con Rusia por el destino de Ucrania. Todo esto, tomando en cuenta la creciente presión y antagonismo proveniente de la bancada republicana, totalmente reacia a negociar de manera ecuánime con la actual administración Biden en términos de una propuesta gubernamental viable en los próximos tres años.

Pero sobre todo, la noticia representa otro escollo mas en el progresivo declive estadounidense y la debacle del sistema capitalista que fundamenta la nación. Desde hace décadas, Norteamérica se había acostumbrado a incurrir en enormes empréstitos para enfrentar sus crisis fiscales y problemas monetarios de una manera desorganizada e irresponsable. Si bien es cierto que en muchas oportunidades se enfrentaron crisis significativas tales como esta última de COVID, no es menos cierto que en la mayoría de los casos registrados luego de 1945 los políticos simplemente recurrieron a los préstamos para no enfrentar oposición y tener ellos mismos más probabilidades de ser reelectos.

Las sorprendentes cifras tocaron la puerta antes de lo previsto como resultado de los trillones en gastos  federales utilizados para combatir los estragos de esta funesta pandemia. 5 trillones últimamente fueron utilizados para expandir los beneficios a los desempleados, apoyo a los pequeños negocios y los estímulos.

Durante años los mandatarios estadounidenses se han pronunciado a favor de limitar los préstamos federales y así disminuir los temidos déficits fiscales.  Durante los 80s, con Reagan, los escandalosos presupuestos militares, los generosos cortes fiscales contribuyeron al escalonado déficit que hoy tenemos. En los 90s, una combinación de aumentos en los impuestos, disminución del gasto militar y el boom económico contribuyeron a reducir la deuda como porcentaje del PIB. Durante la administración Clinton, el país experimentó un superávit presupuestario de 1998 al 2001.

Luego de su gestión ningún otro mandatario quiso enfrentar el déficit.  Tras la llegada de G.W. Bush al poder, otro alocado periodo de cortes fiscales, las combinadas guerras de Irak y Afganistán y nuevos gastos en programa federales como Medicaid parte D continuaron el aumento estrepitoso de la deuda.  Con la llegada de Obama al poder la deuda creció un trillón más, como fruto del embate de la crisis del 2008 y de la política de salvamento bancario heredada de Bush hijo. Con Trump en la Casa Blanca el déficit continuó en aumento tras los programas de recorte fiscal y otras erogaciones a nivel federal. Se recordará que, lejos del credo de responsabilidad fiscal que promulgaban, los republicanos en el 2017 decidieron obviar este principio legislando a favor de un corte fiscal de 1.5 trillones.

Está claro que hoy por hoy los principales motores del aumento de la deuda continúan siendo los beneficios del Seguro Social, Medicare y también Medicaid. Los costos combinados de estos programas representan hoy la mitad de los costos federales como porcentaje del PIB. Estos rubros seguirán aumentando las erogaciones fiscales anuales debido al envejecimiento de la población y los altísimos costos del seguro médico. Cabe esperar que la ciudadanía en general tome carta en estos asuntos tan vitales para la presente y futuras generaciones y se decida a emplazar a sus políticos de manera que estos enfrenten responsablemente los posibles riesgos asociados con un déficit en descontrol. Este nuevo hito es altamente preocupante y no debe continuar soslayándose por una población apática ante su responsabilidad.