En nuestro artículo de ayer titulado “Poder Judicial, retos a futuro y escalafón”, abordamos las oportunidades de mejoras para el sector justicia dentro del marco de la ola de reformas en la cual se encuentra inmerso el Poder Judicial. Dentro de esos aspectos a mejorar mencionamos el escalafón judicial.
El escalafón judicial puede ser definido como el instrumento o herramienta que permite realizar una evaluación del sistema de méritos de los jueces a los fines de poder ascender de categoría o trasladarse de un tribunal a otro. En lo referente a la carrera judicial la Constitución de la República Dominicana su artículo 150 establece que “la ley regulara el estatuó jurídico de la carrera judicial, el ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación y retiro del juez, con arreglo a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad; así como el régimen de jubilaciones y pensiones de los jueces, funcionarios y empleados del orden judicial”.
Vale destacar que para ser designado juez en nuestro país es necesario participar en un concurso público de oposición por méritos; es decir, que de acuerdo a las capacidades académicas, luego de agotadas las evaluaciones formativas y psicometrías es que el aspirante a juez de paz ingresa a la Escuela Nacional de la Judicatura en un proceso de formación de 2 años, periodo en el cual se desarrolla una formación integral del aspirante, tanto en capacitación académica en todas las ramas del derecho, instrucción en idiomas y acompañamiento psicológico. Personas de todo el territorio del país deben radicarse en el Distrito Nacional una vez son elegidos para cursar el programa de aspirante a juez de paz en la Escuela Nacional de la Judicatura.
Una vez terminado el periodo formativo (que incluye un año en las instalaciones la Escuela Nacional de la Judicatura a tiempo completo, y un año rotando en diferentes pueblos a los fines de realizar la pasantía en distintos tribunales y materias) el juez es designado en el tribunal según la necesidad de la institución, es decir, que no importa si el lugar donde es nombrado es un pueblo lejano al origen del juez.
Luego de tantos obstáculos vencidos para ser juez, la única manera que tiene dicho funcionario judicial para estar en un tribunal cercano a su residencia, ser promovido a un tribunal especializado en su área de expertis es con la implementación del escalafón judicial. De ahí es la importancia neurálgica de dicha herramienta interna, pero sobre todo la urgencia que representa para el colectivo de los jueces que el Tribunal Constitucional abandone su mudez y se pronuncie referente a las acciones que han interpuesto diferentes jueces en contra del escalafón judicial.
La realidad es que desde su creación en el año 2010 el Tribunal Constitucional se ha destacado por ser una institución modélica en la gestión de sus procesos, en el acceso a los usuarios y la publicación de sus sentencias, es por ello que resulta extraño y confuso que dicho tribunal aun no tome decisión referente a los expedientes que ya han cumplido más de 2 años en un letargo. Resulta incomprensible que, al colectivo de los juzgadores, le sea pausada una acción que busca reconocer derechos, y que sobre todo mantiene al Poder Judicial en un estancamiento para realizar los movimientos de ascenso y llenar plazas vacantes, en otras palabras con la inacción del Tribunal Constitucional se afecta no solo a los jueces del Poder Judicial, sino que indirectamente se ven afectados todos los usuarios del sistema de justicia toda vez que tienen que esperar que un juez conozca audiencia en otro tribunal para luego dirigirse a otro tribunal, es decir, que por la falta de aplicación del escalafón judicial, un juez en la actualidad esta asumiendo el trabajo de 2 y 3 jueces al mismo tiempo.
Importante es resaltar que no estamos solicitando que el Tribunal Constitucional se pronuncie a favor o en contra de las acciones interpuestas. Fíjense que no hemos detallado ni las fechas, ni los accionantes (información que si ha sido publicada en diferentes medios de comunicación de forma reciente), lo que estamos solicitando es que el Tribunal Constitucional cumpla con su función y emita una decisión al respecto, para así poder terminar la incertidumbre que viven los jueces debido al escalafón.
Y haréis justicia.